Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 26 de mayo del 2026.- El miedo ha forzado a cientos de familias a tomar una decisión definitiva: dejar atrás su patrimonio, sus tierras y su identidad para salvar la vida. Lo que ocurre hoy en la Sierra Tarahumara no es solo una estadística de inseguridad; es una crisis humanitaria de desplazamiento forzado interno (DFI) que está desdibujando comunidades enteras y dejando a su paso familias rotas por la violencia.
Ante este panorama, organizaciones de la sociedad civil —tanto locales como nacionales e internacionales— han unido esfuerzos para realizar una Misión Civil de Observación (MCO) del 26 al 29 de mayo, con el fin de documentar de primera mano la realidad que el Estado parece no querer ver.
El fenómeno ha escalado de manera alarmante a partir de 2024. Familias de municipios como Guadalupe y Calvo, Balleza y Tamazula (Durango) han sido obligadas a huir ante amenazas directas, la pérdida de seres queridos y una inseguridad asfixiante. Un caso emblemático reciente es el de la comunidad de Atascaderos, donde el asesinato de dos adolescentes encendió las alertas sobre la vulnerabilidad extrema de los jóvenes y la impunidad con la que operan los grupos criminales.
«Mucha gente sale cargando solo con el miedo, pero también con la fortaleza de proteger a sus seres amados», señalan las organizaciones. Este éxodo no siempre llega a los titulares; gran parte de este desplazamiento es silencioso, una fuga constante de familias que intentan reconstruir sus vidas en lugares como Parral, Delicias o la capital del estado, tras haber sido expulsadas de sus hogares.
Las organizaciones convocantes —entre las que figuran ASMAC, CEDEHM, Red TDT, ACNUR y Brigadas Internacionales de Paz, entre otras— denuncian que la crisis no es solo producto del crimen organizado. Existe una violencia estructural alimentada por la omisión:
- Criminalización: Se denuncia que, en lugar de proteger a las víctimas, los tres niveles de gobierno han optado por negar la gravedad de la situación y, en ocasiones, desestimar el sufrimiento de quienes han perdido todo.
- Falta de diálogo: A pesar de las reiteradas solicitudes de las organizaciones civiles para establecer mesas de trabajo, la respuesta ha sido el silencio, dejando a las familias en un limbo jurídico y social.
Durante cuatro días, la Misión Civil de Observación recorrerá los puntos de asentamiento de las familias desplazadas para escuchar sus testimonios y documentar las violaciones a los derechos humanos que han sufrido. El objetivo final es claro: visibilizar la magnitud de la crisis y presentar rutas de acción que obliguen a las autoridades a abandonar la indiferencia.
«El desplazamiento forzado es una violación grave a los derechos humanos», enfatizan los defensores. Por ello, la exigencia al Gobierno de México, al Estado y a los municipios es urgente: reconocer la realidad, escuchar a las comunidades desplazadas y, sobre todo, establecer una coordinación efectiva que garantice el derecho a vivir con seguridad.
El próximo 29 de mayo, en el Congreso del Estado, estas organizaciones compartirán las conclusiones de su labor. Mientras tanto, en la Sierra, la vida sigue sujeta a la voluntad del miedo, esperando que alguien, finalmente, detenga el destierro de los habitantes de nuestra propia tierra.
