Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 28 de marzo del 2025.- Amnistía Internacional insta al gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo a “ir más allá de crear protocolos o instaurar herramientas nuevas” sino que se requiere voluntad política para que se apliquen los mecanismos ya establecidos.
“No es correcto equiparar el delito de secuestro con el de desaparición, el primero tiene una naturaleza diferente y atiende dinámicas distintas”, advirtió Amnistía Internacional quien indicó que el Estado mexicano debe de “adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las integrantes de colectivos de madres buscadoras esto ante las amenazas que han recibido” por parte de grupos criminales.
Dentro del informe “Buscar sin Miedo” Anmistía Internacional contextualizó el fenómeno de la desaparición forzada la cual genera impactos extremadamente negativos en la persona sujeta de desaparición y en su familia, seres queridos y comunidad que, ante la incertidumbre, en muchas ocasiones activan sus redes de cuidado, apoyo y afecto para buscarla.
Disentir, alzar la voz para reclamar derechos, habitar una zona de guerra o con presencia del crimen organizado, migrar sin los documentos que requieren los países de tránsito y destino, entre muchas otras razones, han sido utilizadas para justificar lo inexcusable: la extracción de una persona de la protección de la ley y el ocultamiento de su suerte y paradero a sus familiares, seres queridos y comunidades.
Por lo que las medidas medidas anunciadas por el gobierno mexicano anunciadas el pasado 17 de marzo, en el marco de los hallazgos de fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, y en Reinosa en el estado de Tamulipas efectuados por colectivos de Madres Buscadoras, “carecen de un enfoque integral y no fueron elaboradas mediante un diálogo constructivo con las colectivas de búsqueda”.
En ese sentido, Amnistía Internacional ha insistido en que el abordaje de este problema debe centrarse en las voces y demandas de quienes han enfrentado en primera línea esta tragedia: las familias buscadoras.
Luego de esos hallazgos, las colectivas de búsqueda han denunciado amenazas en su contra provenientes de grupos criminales e incluso de agentes del Estado. Al respecto, Amnistía Internacional reitera su llamado para que el Estado mexicano adopte medidas urgentes que garanticen la seguridad e integridad de esas colectivas. Sus denuncias no pueden ser desoídas.
En relación con los anuncios hechos por la Fiscalía General de la República en su conferencia de medios del miércoles 19 de marzo, el movimiento reitera su llamado a las autoridades judiciales de los tres niveles de gobierno a definir, lo antes posible, sus competencias de actuación y sin dilación efectúen una investigación diligente, profesional y apegada a la ética, que incluya las voces de la colectivas de búsqueda, entre muchos otros testimonios, para esclarecer lo ocurrido en las fosas ubicadas en Jalisco y Tamaulipas. Entre más tiempo transcurra muchas pruebas pueden perderse.
Las fosas localizadas en Jalisco y Tamaulipas son un ejemplo más de la grave crisis de derechos humanos que afecta al país. En México el número de personas desaparecidas asciende ya más de 124 mil 833 personas, como lo revelan los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) Esto significa que en el país desaparecen alrededor de 30 personas diariamente.
Colectivos de Búsquesa instan al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo “fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), capacitación técnica para realizar labores de búsqueda, diálogo constante entre el Estado y los colectivos de búsqueda, pero ante todo que las opiniones sean consideradas en el proceso de selección del titular de la CNB.
“Junto con la CNB, debe fortalecerse a las comisiones estatales. El diálogo directo con las colectivas es imprescindible dada la amplia experiencia que han adquirido por su trabajo en el terreno. Algunas de ellas han recibido incluso capacitación de organizaciones expertas como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El diálogo entre ambas partes es primordial para que la CNB tenga la legitimidad que requiere una institución de ese tipo”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.
“Aunado a ello, es necesario destacar que a la fecha ha sido renovado el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, esto es un elemento primordial para la supervisión de las tareas de búsqueda de personas. No hacer la renovación afecta el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de miles de familias”, advirtió Edith Olivares.
“La actividad de búsqueda está protegida por el Derecho Internacional de los Derechos humanos, que establece obligaciones precisas a los Estados, entre ellas la de proteger a las colectivas de buscadoras, reconocerlas como defensoras de derechos humanos, así como la labor que realizan.
Un foco de alerta se enciende con la propuesta del gobierno federal de crear una Base Nacional Única de Información Forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana. Desde Amnistía Internacional vemos con preocupación estas medidas. Primero, la ley ya contempla la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el cual no ha sido implementado. Segundo, las autoridades no especifican qué acciones tomarán para garantizar que ambas herramientas tengan información de calidad y no enfrenten un subregistro.
