Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 11 de febrero del 2026.- El fallecimiento del niño ódami Ángel Ramón Julián Baiza no es solo una tragedia médica; es el resultado de un sistema de salud que discrimina, excluye y abandona a quienes no hablan su idioma así lo denunciaron organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos en Chihuahua quienes manifestaron su consternación y profunda tristeza por esta realidad tan dolorosa que enfrenta la infancia en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.
Ángel Ramón Julián Baiza, quien perdió la vida en el Hospital Infantil a causa de una infección cerebral, mientras el pequeño luchaba por su vida su familia pasó días de angustia e incomunicación por la falta de intérpretes que pudieran acompañarlos y explicarles lo que estaba ocurriendo con el menor.
Este lamentable hecho exhibe una realidad dolorosa que las comunidades indígenas, tanto en zonas rurales como urbanas del estado, viven día con día: la ausencia casi total de personas intérpretes que acompañen a las y los usuarios y a sus familias en clínicas y hospitales, refirieron colectivos y defensores de los derechos humanos en Chihuahua.
Lo ocurrido con Ángel Ramón “es un signo de la violencia estructural y sistemática que se ejerce contra los pueblos indígenas, basada en la discriminación, la falta de voluntad política de los gobiernos y su omisión en el cumplimiento de su deber constitucional de garantizar los derechos de las y los ciudadanos mexicanos”.
“Es indignante que vidas humanas se pierdan ante la carencia de servicios de salud culturalmente pertinentes, la falta sistemática de traductores e intérpretes certificados en los hospitales, la desatención institucional y la insuficiente implementación de protocolos que garanticen el derecho a la salud sin discriminación”, recriminaron los defensores de los derechos humanos.
Aunado a la discriminación y negligencia del Estado ante la atención integral intercultural para Ángel Ramón y su familia se le suma la censura del Gobierno del Estado de Chihuahua, que encabeza la panista María Eugenia Campos Galván quien no solo ha invisibilizado la tragedia incómoda, sino que ha intentado silenciar y hostigar al equipo de Raíchali, medio de comunicación independiente que mostró la realidad que viven los habitantes de las comunidades indigenas en la Sierra Tarahumara y que contó la historia de Ángel Ramón
“Por ello, nos indigna y repudiamos cualquier acto de censura, hostigamiento o presión ejercido contra este medio independiente, que no hace otra cosa que contar la verdad. El ejercicio periodístico y el derecho de las audiencias a estar informadas están protegidos por la Constitución mexicana; por lo tanto, cualquier acto que atente contra ellos constituye una violación a los derechos humanos de las y los chihuahuenses”
Ante lo expuesto, exigimos:
- La implementación de personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas en todas las clínicas y hospitales del estado, para garantizar la comunicación efectiva entre las personas usuarias, sus familias y el personal médico.
- La capacitación obligatoria del personal y funcionariado de todas las clínicas y hospitales del estado para brindar servicios de salud con pertinencia cultural, respeto y no discriminación.
- Garantías y respeto plenos para el ejercicio periodístico, sin presiones, hostigamiento ni censura a los medios que publiquen historias de interés público y/o sobre violaciones a derechos humanos, conforme a las garantías constitucionales de libertad de expresión y libertad de prensa.
Los derechos humanos de los pueblos indígenas, y en particular de las niñeces indígenas, deben ser de interés público y una prioridad para las instituciones de todos los niveles de gobierno. Los derechos a la salud, la identidad cultural, la lengua materna, la información y la justicia están vinculados y deben garantizarse de manera integral: el derecho a la vida y a una vida libre de violencia y discriminación.
Por la muerte de Ángel Ramón Julián Baiza, por el dolor de su familia y por la deuda histórica que el Estado mexicano mantiene con los pueblos y comunidades indígenas, exigimos que se investigue y sancione a los responsables, que se implementen de manera urgente los cambios y medidas antes expuestos, que se garantice justicia a la familia Julián Baiza y que cesen las presiones contra el medio independiente Raíchali.
Desde Chihuahua Minuto a Minuto, nos sumamos al repudio contra cualquier acto de censura. Intentar callar a quienes cuentan la verdad sobre la muerte de un niño indígena es un acto de cobardía que solo confirma la culpabilidad de un sistema negligente.
