Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 15 de julio del 2026.- En un acto que ha reavivado la tensión entre las autoridades y los colectivos de búsqueda, el antimonumento instalado apenas el pasado domingo en las inmediaciones del Ángel de la Independencia fue retirado por personas desconocidas, bajo circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
La estructura, colocada por familiares de víctimas en el corazón de Paseo de la Reforma, llevaba una consigna contundente: “México, campeón mundial en desaparición. +135,000 en 2026”. La instalación buscaba visibilizar el caso de la joven Ana Amelí, desaparecida en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, y denunciar la crisis humanitaria que atraviesa el país.
Ante el impacto mediático del retiro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ordenó una investigación inmediata a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para determinar quién realizó la acción. “Se robaron el antimonumento. Vamos a ver qué pasó”, declaró la mandataria capitalina durante su conferencia de prensa.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó de cualquier involucramiento gubernamental. La mandataria federal subrayó que durante su administración capitalina (2018-2023) prevaleció el respeto a estas manifestaciones y reiteró que el Gobierno Federal mantiene una comunicación constante con los colectivos, enfatizando los esfuerzos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La desaparición de la pieza no ha sido ignorada por la comunidad internacional. Amnistía Internacional se pronunció de inmediato, exigiendo una investigación “pronta, exhaustiva y transparente”. La organización subrayó que más allá de la estructura física, lo que está en juego es el derecho a la memoria y la protesta social en un espacio público que ha sido testigo de innumerables exigencias de justicia.
El retiro del antimonumento ocurre en un momento crítico para México, donde la cifra de personas desaparecidas y no localizadas ha superado la barrera de las 130,000. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han calificado reiteradamente este panorama como una crisis humanitaria grave, señalando la innegable infiltración del crimen organizado en la base del problema.
La pregunta que ahora impera entre los colectivos es si este acto fue un intento de censura, un acto de vandalismo o una medida administrativa sin precedentes. Mientras las autoridades se comprometen a investigar, para las familias, el retiro de esta estructura representa un segundo agravio: el intento de borrar de la memoria pública una tragedia que, en el día a día, sigue sin encontrar respuesta.
