Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 5 de marzo del 2026.- Los recientes operativos en la zona de Ojinaga y las alarmantes cifras de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) revelan un ciclo de violencia que no solo quema asfalto, sino el patrimonio de miles de familias afectadas por este delito.
Lo que para una familia en Estados Unidos comienza como un robo de vehículo en diciembre, para Chihuahua termina siendo una pieza de artillería en la logística del crimen organizado.
Esta semana, el golpe de la SSPE en comunidades como Chorreras y Rancho La Virgen desnudó una realidad incómoda: las escuelas ya no son refugio de estudiantes, sino de delincuentes. El hallazgo de un campamento criminal dentro de una primaria en Ojinaga no fue lo único; ahí mismo, «descansaban» una Toyota Tundra y una Chevrolet Pick-up, ambas con reporte de robo vigente en el extranjero.
Estos vehículos no son elegidos al azar; su potencia y tracción los hacen ideales para las brechas de difícil acceso donde la ley apenas alcanza a asomarse por lo que el costo de la inseguridad no solo se mide con el miero, sino en el bolsillo de cada ciudadano.
Según cifras recientes del INEGI, el robo total de un vehículo representa un golpe directo de 30 mil 308 por víctima, una cifra que, sumada al gasto preventivo que realizan las familias, eleva la factura de la violencia a más de 6 mil 300 millones de pesos anuales a nivel estatal. Es un impuesto invisible que los chihuahuenses pagan por una guerra que no pidieron.
A pesar de que en la capital del estado la Fiscalía General del Estado reportó una alentadora disminución del 49% en la incidencia de robo de vehículos durante el cierre de 2025, el panorama estatal sigue siendo un reto diario. Con un promedio de 9 vehículos robados al día, la entidad cerró el año pasado con más de 3 mil unidades despojadas. De estas, el 13% de los robos se ejecutaron con violencia extrema, mientras que el resto de las unidades—especialmente modelos como el Nissan Versa, la NP300 y camiones Kenworth—fueron sustraídas mientras sus dueños confiaban en la seguridad de la vía pública.
En Chihuahua, el panorama delictivo adquiere un matiz de suministro logístico: aquí el robo no es solo estadístico, es instrumental. Mientras la narrativa oficial de la SSPE se aferra a los ‘resultados con seguridad’, la realidad en puntos críticos como Ojinaga y la zona de Chorreras revela un boquete patrimonial incalculable.
Se estima que el robo de unidades de alta gama y tracción 4×4 ha repuntado un 12% en tramos federales, donde cada unidad despojada representa una pérdida de entre 800 mil y 1.2 millones de pesos.
Para las familias de la frontera, el impacto es del 100% de su patrimonio, ya que la gran mayoría de estos vehículos, al ser de procedencia extranjera, carecen de seguro, dejando a los ciudadanos en la indefensión total mientras sus herramientas de trabajo se convierten en el combustible criminal de la guerra por el territorio.
Mientras en la frontera se recuperan unidades, en el resto del país el panorama es desolador. La AMASFAC soltó una cifra que estremece al sector financiero y de seguridad: 630 vehículos robados y quemados en tan solo 72 horas de narcobloqueos que se generaron tras el abatimiento del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
El impacto no es solo social, es un boquete financiero: se estima que la ola de violencia de febrero dejó pérdidas patrimoniales que superan los 600 millones de pesos, sumando las unidades aseguradas y aquellas que, al no contar con póliza, representan una quiebra total para las familias afectadas.
«El problema no es solo el robo, es el uso del vehículo como arma de obstrucción», señalan expertos de la asociación quienes recomendaros a los propietarios de vehículos reportar de manera inmediata al 911 el robo de su unidad y posteriormente dar aviso tanto al seguro como acudir a interponer la denuncia para no verse involucrados en un problema y así recuperar parte de su patrimonio.
«De esas 630 unidades contabilizadas por la AMASFAC principalmente en el sur del país, la gran mayoría terminaron convertidas en esqueletos humeantes, sacrificadas para frenar el paso de las fuerzas federales.
Sin embargo, la gravedad del dato reside en lo invisible: esta cifra solo contempla a los propietarios con seguro vigente. La ¨cifra negra” de ciudadanos sin cobertura podría duplicar el impacto económico tras la violenta reacción delictiva desatada el pasado 22 de febrero de 2026.
Tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el país se sumió en un caos coordinado: el gabinete de seguridad reportó 252 narcobloqueos en apenas unas horas, afectando ciudades en 21 estados de la República y dejando una estela de cenizas que aún asfixia el patrimonio de las familias mexicanas.»
En Chihuahua, el Secretario de Seguridad, Gilberto Loya, sostiene que se mantienen «resultados con seguridad», la presión sobre las aseguradoras es real. El flujo de vehículos robados en EE.UU. que terminan en campamentos de la sierra o la frontera norte, pone en jaque la estabilidad de las pólizas.
La estrategia interinstitucional entre el Ejército, Guardia Nacional y SSPE parece concentrarse en «limpiar» las zonas rurales, pero el rastro del dinero y del acero robado sigue vigente.
Foto ilustrativa elaborada con Inteligencia Artificial.
