Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 9 de junio del 2026.- La relación diplomática y de seguridad entre México y Estados Unidos enfrenta un momento de alta tensión tras la difusión de reportes periodísticos que señalan una serie de acciones restrictivas por parte de las autoridades estadounidenses hacia figuras prominentes del obradorismo. En el centro de estos señalamientos se encuentra el senador Adán Augusto López Hernández, a quien, según el columnista Raymundo Riva Palacio, le habría sido revocada su visa estadounidense ante presuntas investigaciones vinculadas a redes de «huachicol fiscal».
De acuerdo con la columna Estrictamente Personal, la medida contra el exsecretario de Gobernación no es un hecho aislado, sino la consecuencia de investigaciones que agencias de inteligencia estadounidenses habrían desarrollado durante meses y cuyos hallazgos, en parte, han sido compartidos con autoridades mexicanas.
El análisis de Riva Palacio trasciende la figura del senador, al sugerir que el alcance de estas pesquisas podría involucrar el círculo más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente a sus hijos: Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán. Según lo expuesto, los indicios apuntarían a una presunta relación operativa entre Andrés Manuel López Beltrán y el propio López Hernández en el manejo de redes ilícitas de combustibles.
Asimismo, el reporte subraya el descontento de Washington respecto a la actuación de las autoridades mexicanas en Tabasco. Se cuestiona, de manera particular, la «debilidad» en las acciones contra Hernán Bermúdez Requena, conocido como “el Comandante H”, exsecretario de Seguridad de dicha entidad y señalado por sus presuntos vínculos con el grupo criminal «La Barredora».
Este caso se suma a los informes previos que, a través de medios como Los Ángeles Times, reportaron la revocación de visas de otros actores políticos de Morena, entre ellos los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Hasta el momento, la postura oficial de los señalados ha sido de rechazo categórico. Tanto Durazo como Villarreal han desestimado las publicaciones, calificándolas de carentes de sustento o advirtiendo que no han recibido ninguna notificación formal por parte del gobierno estadounidense que confirme la cancelación de sus documentos consulares.
Es preciso señalar que, ante la falta de una confirmación oficial por parte de las agencias estadounidenses, estos señalamientos permanecen en el terreno de las revelaciones periodísticas. No obstante, la persistencia de estos reportes intensifica el debate sobre la cooperación en materia de seguridad y el impacto que el escrutinio internacional podría tener en el futuro político de los integrantes del movimiento oficialista.
