Por: Sandra Dueñes Monárrez
Ciudad de México., a 16 de abril del 2026.- La justicia en México padece un rezago estructural que va más allá de la falta de personal o presupuesto: su incapacidad para transitar hacia una verdadera era digital. El estudio “Justicia Digital: tecnología aplicada a investigación criminal en México”, presentado este 16 de abril por la organización México Evalúa, revela una realidad alarmante: las fiscalías del país están perdiendo la carrera tecnológica frente a una criminalidad cada vez más sofisticada.
El diagnóstico nacional arroja una conclusión lapidaria: en la mayoría de las instituciones de procuración de justicia, la adopción tecnológica no ha implicado un cambio de paradigma. Se siguen reproduciendo las prácticas tradicionales del siglo pasado, con la única diferencia de que ahora el expediente, antes de papel, es un archivo escaneado.
Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es la incapacidad técnica para combatir delitos modernos. Mientras el fraude, la extorsión y la delincuencia organizada operan desde el anonimato digital, solo 3 de las 29 fiscalías analizadas (el 10.3%) cuentan con capacidades reales para rastrear direcciones IP.
Esta brecha de capacidades pone en jaque la efectividad de las investigaciones. Otros datos que evidencian el estancamiento son:
- Identificación incompleta: Aunque el 86% de las fiscalías maneja bases de datos de ADN, apenas el 9% ha implementado sistemas de reconocimiento facial.
- Vigilancia inexistente: 24 fiscalías carecen de herramientas para el monitoreo y videograbación en tiempo real de sus patrullas ministeriales, dejando un vacío en la protección del personal y la transparencia de los operativos.
- Justicia sin «dientes» en tribunales: Solo 6 fiscalías utilizan herramientas digitales para presentar pruebas en audiencias, lo que sugiere que las instituciones no están enfocadas en la solidez de sus casos ante los jueces.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, advierte que el error ha sido confundir la compra de equipo con la mejora de la justicia. «Hoy el reto no es solo qué herramientas adquirir, sino cómo usarlas para generar resultados concretos en la persecución penal», señaló.
El estudio identifica que la mayoría de las fiscalías confunden sistemas de gestión de casos con simples «repositorios documentales». No existe una integración de la tecnología en una estrategia de investigación criminal; se adquiere software como un fin en sí mismo, pero sin protocolos claros, capacitación continua ni mecanismos de evaluación de desempeño.
México Evalúa propone dejar atrás la adquisición inercial de tecnología y transitar hacia una gestión integral que incluya:
- Interoperabilidad real: Que la información fluya sin trabas entre policías y fiscalías.
- Capacitación y Evaluación: Que el dominio de herramientas digitales sea un requisito evaluable para los operadores de justicia.
- Planeación estratégica: Compras orientadas a reducir la impunidad, no a llenar bodegas de equipo obsoleto.
La impunidad en México no es inalcanzable, pero el estudio es claro: la tecnología por sí sola no es la solución. Solo si se articula con una reforma estructural y una visión estratégica, podrá convertirse en el motor que México necesita para que la justicia deje de ser un trámite burocrático y se convierta en una realidad digital.
