Por: Redacción.
Chihuahua, Chih., a 19 de abril del 2026.- A través de un enérgico desplegado dirigido a la Gobernadora del Estado y a la opinión pública, el Grupo de Asesores y Víctimas del Caso ARAS en cabezado por el abogado, Mariano Cordero Burciaga, denunció la existencia de intereses oscuros dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial que impiden el cierre definitivo del proceso y el pago de la reparación del daño.
En el documento, las víctimas señalan directamente al Lic. Carlos Mario Jiménez, ex fiscal de la Zona Centro, acusándolo de haber permitido que el CEO de ARAS, Armando Gutiérrez, permaneciera en libertad a pesar de estar presente durante el aseguramiento de un inmueble en Lomas de San Chárbel.
Asimismo, denuncian que durante su gestión se permitió la liberación de bienes asegurados que debían garantizar el pago a los defraudados, afectando directamente el monto destinado a la reparación del daño.
El grupo de afectados también arremetió contra el sistema judicial, señalando específicamente al juez Lic. Juan Carlos Erives. Según el comunicado, durante la audiencia de ejecución del pasado 15 de abril, el juzgador entorpeció el proceso con «decisiones absurdas e improvisación», bloqueando acuerdos unánimes y difiriendo la justicia para las miles de víctimas.
A pesar de las duras críticas, las víctimas hicieron una distinción importante:
- Reconocieron la voluntad del Fiscal General, César Jáuregui, y del vice-fiscal Francisco Sáenz por lograr acuerdos para ejecutar la sentencia de la causa penal 3506/23.
- Agradecieron la disposición de la presidenta del TSJE, Myriam Hernández, para dar cumplimiento a lo ganado legalmente tras casi cinco años de lucha.
Sin embargo, advierten que «intereses de subalternos» están saboteando el trabajo de los titulares para alargar el proceso por beneficios personales.
El comunicado finaliza con una exigencia de respuesta inmediata por parte de las autoridades estatales. Las víctimas aseguran que no permitirán que la lucha por su patrimonio siga siendo bloqueada por «luchas de poder u ocultación de ilícitos» dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia.
