Por: Sandra Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., a 20 de abril del 2026.- La Sierra Tarahumara ha vuelto a teñirse de rojo, pero esta vez el eco del estruendo llegó hasta Washington. La muerte de Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI, junto a dos instructores estadounidenses y un agente estatal en el municipio de Guachochi, no es solo una cifra en la estadística de la guerra contra el narco; es la confirmación de una metástasis que ha carcomido la conciencia de las autoridades a niveles nunca antes vistos.
Mientras la narrativa oficial se esfuerza por encasillar la tragedia en un «accidente», la realidad nos grita otra cosa. Este suceso nos obliga a mirar de frente el sacrificio de policías valientes que, como en su momento lo hizo el agente «Kiki» Camarena, han entregado la vida intentando extirpar un cáncer que hoy parece invencible. La sangre derramada por soldados, policías mexicanos y agentes norteamericanos es el precio más alto de una lucha donde el enemigo no solo viste de camuflaje en el monte, sino que porta trajes de seda en las oficinas gubernamentales.
No podemos llamarnos a engaño: los cárteles han permeado hasta la médula los sistemas políticos de Latinoamérica. Desde Venezuela hasta México, Colombia y hasta Washington, el narco ya no solo convive con el poder, es el poder. En nuestro país, la corrupción es rampante; desde policías municipales que sirven de halcones hasta señalamientos que alcanzan a altos mandos y a la clase política de todos los colores.
Esta colusión ha dejado al ciudadano en la más absoluta indefensión. Nuestros jóvenes, el activo más valioso de cualquier nación, están hoy en el centro de una pinza mortal: de un lado, el reclutamiento forzado o la muerte; del otro, una pandemia de opioides que en los Estados Unidos ha cobrado proporciones apocalípticas y que en México empieza a desmoronar el tejido social.
Lo ocurrido en el corazón de la Sierra Tarahumara tras el desmantelamiento de mega laboratorios clandestinos no es un hecho aislado. Es la manifestación de una crisis de salud pública que ha forzado la intervención directa de agencias estadounidenses en territorio nacional. La «misión compartida» de la que habla el embajador Ronald Johnson es, en realidad, el último recurso ante un sistema de justicia local que ha sido doblegado por el soborno y la amenaza.
¿A dónde vamos como sociedad cuando la línea entre el defensor de la ley y el delincuente se ha vuelto invisible? ¿Cómo podemos hablar de soberanía cuando el territorio es controlado por señores de la guerra que deciden quién vive y quién muere en las rutas de la Sierra?
Honrar hoy la memoria de los caídos en este operativo y en muchos otros que se encuentran en el silencio del olvido, en defensores de derechos humanos y periodistas que han sido silenciados, exige más que boletines de pésame. Exige una depuración real, una que detenga el avance de este cáncer que ha anestesiado la moral de las instituciones y de una sociedad que permanece indolente.
Si permitimos que la muerte de estos agentes y de muchos otros pase como un simple «accidente», estaremos aceptando que el narco ha ganado la batalla definitiva: la de nuestra propia indiferencia. Como sociedad, estamos obligados a despertar antes de que el luto se convierta en nuestra única identidad nacional.
«Las frías cifras de organizaciones como Causa en Común nos escupen una realidad que la diplomacia no puede maquillar: en México, ser policía es una sentencia de muerte que se ejecuta, en promedio, una vez al día. Con más de 100 agentes asesinados en lo que va de este 2026, la caída del Director de la AEI y su escolta en la Sierra Tarahumara no es un ‘accidente’ estadístico, sino el síntoma de un Estado que se desangra.
Mientras los discursos oficiales hablan de avances, el acumulado de más de 540 policías caídos en este sexenio demuestra que la línea de fuego está siendo sostenida por hombres y mujeres abandonados a su suerte, atrapados entre el fuego del narco y la indiferencia —o la complicidad— de un sistema que parece haber entregado las llaves del territorio.»
En tanto, el Embajador Ronald Johnson presume una reducción del 35% en las muertes por sobredosis en su país —una cifra que busca aliviar la tragedia de las más de 100,000 vidas anuales que el fentanilo devora en Estados Unidos—, en Chihuahua la moneda de cambio es la vida de nuestros policías.
La DEA justifica su presencia en la Sierra Tarahumara bajo la bandera de una crisis de salud pública que no conoce fronteras, pero la realidad es que mientras allá las cifras bajan, aquí los laboratorios siguen brotando y los directores de seguridad siguen cayendo. Es una ecuación injusta donde la salud del norte se paga con la sangre del sur.
Mientras la DEA cuenta sus éxitos en vidas salvadas al norte del Bravo, en México nos enfrentamos a una pandemia invisible. Aquí, el fentanilo no solo mata, sino que se oculta bajo actas de defunción que hablan de “paros respiratorios” y “fallas multiorgánicas”.
El subregistro oficial es un insulto a la realidad: mientras los laboratorios en nuestra Sierra Tarahumara producen veneno a escala industrial, nuestras autoridades prefieren ignorar el rastro de cadáveres que se quedan en casa.
Estamos poniendo la sangre de nuestros policías para reducir las estadísticas de Washington, mientras en Chihuahua enterramos a nuestros hijos bajo el silencio de un sistema que se niega a contar sus propias bajas.
Oficialmente, México reporta apenas entre 500 y 800 muertes anuales por sobredosis de sustancias ilícitas. Sin embargo, especialistas y organizaciones como Elementa DDHH advierten que esta cifra es totalmente irreal.
El «Maquillaje» en las Actas es uno de los grandes problemas ya que en las morgues y hospitales de lugares como Chihuahua, Juárez o Tijuana, la causa de muerte rara vez dice «fentanilo». Se registran como «paro respiratorio», «infarto fulminante» o «muerte por causas desconocidas». No se hacen pruebas de toxicología de rutina para detectar opioides sintéticos.
De acuerdo con el Informe de Salud (2024-2025): El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones admitió un incremento del 200% en la demanda de atención por consumo de fentanilo en el norte del país, pero las muertes registradas no suben al mismo ritmo. Es una contradicción total.
Es así que la «Pandemia Invisible» en la frontera entre México y los Estados Unidos estima que en estas ciudades las muertes reales podrían ser 10 o 15 veces superiores a las oficiales y es que el fentanilo ya no solo «va de paso» hacia el norte; se está quedando en nuestras calles, en nuestros jóvenes.
