Por: Sandra Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., a 21 de abril del 2026.- Lo que inició como un trágico accidente carretero en la Sierra Tarahumara se ha transformado en un escándalo de proporciones internacionales que pone en jaque la estabilidad política del Gobierno del Estado de Chihuahua. Las recientes declaraciones del senador Javier Corral Jurado han encendido las alertas sobre una posible violación sistemática a la Constitución Mexicana por parte de la administración de María Eugenia Campos Galván.
El eje de la controversia radica en la presencia de agentes estadounidenses —identificados por el diario The Washington Post como elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— en el vehículo donde fallecieron dos mandos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Tras la contundente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó que el Gobierno Federal tuviera conocimiento de esta colaboración, el fiscal estatal César Jáuregui Moreno modificó la versión inicial. De haber participado activamente en la destrucción de laboratorios en el municipio de Morelos, la narrativa oficial mutó a una explicación que el senador Corral Jurado califica de «absurda»: que los agentes simplemente solicitaron un «aventón» hacia la capital tras encontrarse a seis horas de distancia del operativo.
Desde un enfoque jurídico, la Ley de Seguridad Nacional y nuestra Carta Magna son claras: la conducción de las relaciones exteriores y los acuerdos con potencias extranjeras son facultad exclusiva del Ejecutivo Federal. Bajo esta premisa, el senador Corral Jurado advierte que Chihuahua podría estar incurriendo en delitos graves como abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público.
«De confirmarse que el gobierno de Chihuahua coordinó acciones con agentes extranjeros sin autorización federal, no estaríamos ante una falta administrativa, sino ante una grave violación a la Constitución», señaló el legislador, subrayando que las sanciones podrían escalar hasta la inhabilitación de los funcionarios involucrados.
El análisis de profundidad obliga a mirar hacia atrás. En abril de 2022, la gobernadora firmó un acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para compartir datos biométricos recolectados por la Plataforma Centinela. Este historial de «diplomacia estatal» es visto por la oposición como un patrón de entreguismo que vulnera la soberanía nacional a cambio de una agenda extranjera de persecución migrante.
Mientras el Gobierno Federal sostiene la soberanía como un principio irrenunciable, el estado de Chihuahua enfrenta una crisis de credibilidad. La exigencia es clara: más allá de las estrategias de comunicación, el pueblo de México requiere un informe transparente sobre la verdadera naturaleza de la actuación de agentes norteamericanos en suelo chihuahuense. El silencio o la contradicción solo alimentan la sospecha de que la seguridad del estado ha sido delegada a manos ajenas a la ley mexicana.
Sheinbaum advierte sanciones y extrañamiento a Chihuahua por operativos con agentes de EU
