Por: Sandra Dueñes Monárrez
Ciudad de México., a 22 de abril del 2026.- El Senado de la República ha puesto en marcha el reloj legislativo para llevar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al estrado federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ignacio Mier Velazco, confirmó que este miércoles la Comisión de Puntos Constitucionales sesionará para debatir y, en su caso, aprobar el punto de acuerdo que cita a la mandataria y al fiscal César Jáuregui Moreno.
El citatorio, impulsado formalmente por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, busca que Chihuahua responda por la presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional y la omisión de informar al Gobierno Federal sobre la presencia operativa de agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara.
Con un discurso legalista, Mier Velazco advirtió que permitir que un estado coordine operativos con agencias extranjeras (presuntamente la CIA) sin la intervención de la Cancillería o el Grupo de Alto Nivel en Seguridad, convertiría a la Constitución en «letra muerta».
«La Constitución es muy clara: es el Senado quien evalúa la política exterior. No hacerlo sería incumplir con nuestra responsabilidad», sentenció Mier, subrayando que en el caso Chihuahua «nada de lo que marca la ley sucedió», al no existir testigos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni aprobaciones de seguridad nacional.
Ante los señalamientos de que este movimiento busca golpear políticamente a la administración panista, el líder de la JUCOPO rechazó que se trate de una cacería de brujas o un juicio anticipado. Aseguró que el Senado simplemente está recurriendo a sus facultades constitucionales para evitar ser «omiso» ante un hecho que compromete la seguridad del Estado Mexicano.
Sin embargo, el contexto no es menor: el llamado a comparecer se da en la recta final del Periodo Ordinario de Sesiones y coincide con la discusión del Plan Estratégico de Seguridad Nacional 2026-2029, lo que coloca a Chihuahua como el «caso de estudio» sobre lo que la Federación no está dispuesta a tolerar en términos de autonomía estatal y relaciones bilaterales.
