Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad Juárez, Chih., a 23 de abril del 2026.- El complejo entramado de la vivienda en Ciudad Juárez ha colocado a la administración municipal en una encrucijada entre el cumplimiento de la ley y la sensibilidad social.
Ante el incremento de operativos para desocupar fincas, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar fue enfático al delimitar las facultades del Ayuntamiento: la fuerza pública no actúa por iniciativa propia, sino como un brazo ejecutor de mandatos judiciales que el municipio está obligado a acatar.
Lo anterior derivado al operativo de desalojo realizado la mañana de este jueves en el fraccionamiento Las Huertas el cual se llevó a cabo en cumplimiento de una resolución emitida por un juez, por lo que el Municipio actuó en apego a la ley.
Pérez Cuéllar aclaró que la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en los desalojos responde estrictamente a órdenes emitidas por jueces. Según el edil, el rol del municipio es garantizar que estas diligencias se realicen dentro del marco de la legalidad, vigilando que no se vulneren las garantías individuales de las personas involucradas, a pesar de la naturaleza conflictiva de estos actos.
“Estamos obligados a acatar las órdenes de los jueces”, señaló el alcalde, subrayando que la intervención de la fuerza pública es un requisito legal cuando existe un mandato judicial firme. Con esta declaración, Pérez Cuéllar busca desmarcar la imagen política de su gestión de las polémicas que suelen rodear la recuperación de viviendas invadidas.
El problema de las casas abandonadas que posteriormente son ocupadas ilegalmente representa un desafío jurídico mayor y en ese sentido, el alcalde explicó que, en el caso de propiedades particulares, el municipio carece de facultades para intervenir de manera preventiva contra las invasiones, ya que se trata de asuntos que deben resolverse en los tribunales entre particulares.
Sin embargo, destacó la colaboración que existe mediante convenios con instituciones federales como el INFONAVIT donde a través de este marco legal el municipio encuentra facultades para actuar de manera más directa, buscando dar orden a un inventario habitacional que ha sido fuente de conflictos sociales durante años en diversas zonas de la frontera.
