Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 3 de mayo del 2026.- El reciente decreto 043/2026, publicado en el Periódico Oficial del Estado, no es solo un documento administrativo; es el reconocimiento tácito de una crisis de mando que ha puesto en vilo la relación entre el Estado de Chihuahua y el Pacto Federal. Tras los eventos en el municipio de Morelos, donde la opacidad de un operativo conjunto culminó en la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la administración de María Eugenia Campos Galván intenta ahora edificar una muralla legal donde antes hubo una «puerta abierta» para agencias extranjeras.
Los hechos en Morelos han dejado una estela de interrogantes que la narrativa oficial no ha logrado disipar. El hallazgo de un narcolaboratorio de dimensiones industriales, sin detenidos pero con bajas de alto nivel internacional, reveló una estructura de cooperación que operaba fuera de los radares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Para los críticos, el nuevo acuerdo —que ahora exige reportar cualquier contacto con agentes extranjeros en un plazo de tres días— es la respuesta tardía a una acusación que resuena con fuerza en los pasillos de la Ciudad de México: Traición a la Patria. Al permitir que agentes externos participaran en operaciones tácticas en territorio chihuahuense sin los protocolos federales, la administración estatal no solo arriesgó vidas, sino la integridad constitucional del país.
El documento firmado por la gobernadora establece ahora que ninguna autoridad local podrá permitir funciones de investigación a agentes extranjeros sin autorización expresa de la SRE. Sin embargo, en el círculo rojo de la política nacional, la medida es vista como un intento de «tapar el pozo» tras una tragedia que ya ha generado suficiente «pólvora política» para un juicio de procedencia.
La normativa impone una rigidez administrativa que, según analistas en seguridad nacional, busca deslindar responsabilidades futuras. La obligatoriedad de que personal de la SRE esté presente en cualquier reunión física con agencias internacionales es un candado que llega después de que la autonomía de la «Plataforma Centinela» fuera cuestionada por su grado de apertura hacia intereses externos.
Lo más inquietante del caso Morelos no es solo la presencia de la CIA, sino el saldo operativo: un laboratorio desmantelado pero cero capturas de relevancia. Este vacío de justicia, contrastado con la pérdida de vidas oficiales, sugiere una falla de inteligencia o, en el peor de los casos, una entrega de información comprometida.
Mientras el Gobierno del Estado intenta proyectar una imagen de orden y respeto a la soberanía a través del Periódico Oficial, la realidad en el territorio sigue marcada por la desconfianza federal. El Acuerdo 043/2026 es, en última instancia, el testimonio jurídico de una administración que, tras haber cruzado líneas rojas internacionales, hoy busca desesperadamente el amparo de la ley que antes pareció ignorar.
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