Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 6 de mayo del 2026.- En un momento en que el sistema de seguridad estatal se encuentra bajo el microscopio la “cooperación” de inteligencia y operativa de la Torre Centinela con agencias extranjeras, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha lanzado una agresiva campaña de posicionamiento internacional esto a través de espacios en publicaciones de perfil financiero como Forbes, con las cuales evidentemente la dependencia busca validar su estrategia mediante el éxito económico del sector minero, reportando un crecimiento del 23% en la producción durante el último ciclo.
Este despliegue informativo, que resalta el «blindaje» a las inversiones canadienses, parece ser la respuesta táctica de Gilberto Loya para contrarrestar los recientes cuestionamientos sobre la transparencia y la soberanía del modelo de vigilancia que encabeza.
La narrativa oficial presentada en foros internacionales como la Bolsa de Toronto intenta desplazar el foco de la controversia técnica hacia los resultados macroeconómicos esto al vincular directamente la presencia de la Policía Minera con la inyección de capital extranjero. En este sentido, la SSPE construye un argumento de «utilidad pública» que busca justificar la inversión millonaria en tecnología de monitoreo, la cual ha sido blanco de críticas por sectores de la oposición y especialistas en seguridad.
Para los analistas políticos, el timing de esta publicación no es casual. Pues la inserción de la estrategia de seguridad en plataformas de negocios globales actúa como una «cortina de humo» institucional frente a las tensiones políticas derivadas del “CIA Gate”.
Mientras Gilberto Loya asegura que en Chihuahua «la ley se respeta», el trasfondo de la nota sugiere un esfuerzo por recuperar la narrativa oficial ante la opinión pública, utilizando el prestigio de marcas editoriales externas para dar validez a un proyecto que aún enfrenta retos significativos en la pacificación de regiones críticas del estado y la frontera.
A pesar de los indicadores económicos positivos, el reto para la administración de María Eugenia Campos Galván y Gilberto Loya Chávez sigue siendo el mismo: demostrar que el robusto aparato tecnológico de la Plataforma Centinela puede convivir con una rendición de cuentas clara, sin que la proyección internacional de la entidad se vea empañada por las dudas sobre la ejecución interna de sus contratos de seguridad y de sus vínculos o mejor decir “convenios” de colaboración binacional que a raíz del escándalo del “CIA Gate” es dificil precisar si pasaron por la Secretaría de Relaciones Exteriores ó simplemente tuvieron el visto bueno de Palacio de Gobierno.
