Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 6 de mayo del 2026.- En un intento por retomar el control de una narrativa que se le escapa de las manos, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván optó por el contraste político como tabla de salvación del “CIA Gate” argumentando que la federación ha ejercido un trato desigual con ella frente al asunto del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
«A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio… y al otro se le defiende a capa y espada», sentenció Campos Galván. La frase busca reducir una crisis de soberanía nacional a una simple injusticia partidista. Sin embargo, detrás de la retórica del «humanismo» y la protección a la niñez, subyace una realidad jurídica que el Palacio de Gobierno no ha logrado desmentir: la vulneración de las leyes fundamentales del Estado mexicano.
El argumento de la gobernadora incurre en una omisión deliberada. Mientras que el caso de Rocha Moya se centra en presuntos vínculos con el crimen organizado —un tema de competencia criminal—, el expediente que asfixia a la administración chihuahuense toca la fibra más sensible de la Constitución: la Soberanía y la violación la Seguridad Nacional de México.
A la administración de Campos Galván no se le cuestiona el desmantelamiento de un laboratorio; se le investiga por la presunta autorización que permitió a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) operar de manera encubierta y sin protocolos federales en la Sierra Tarahumara.
Aunado a esto se le suma la muerte de dos agentes de la CIA en suelo chihuahuense no es un tema de «gobernanza humanista», es un hecho que coloca al Estado en el terreno de la Traición a la Patria.
La defensa de la gobernadora parece ignorar que el «éxito» del operativo en Morelos está manchado por la sombra de Guillermo Arturo Zuany Portillo. Como se ha documentado, existen indicios de que la incursión extranjera fue el precio pactado para la restitución de la visa del Fiscal de Operaciones Estratégicas a quien hasta el momento las autoridades de Chihuahua no le han tocado, a pesar de los señalamientos realizados por elementos ministeriales.
Al decir «vámonos enterando de quién es quién», la gobernadora abre una puerta peligrosa. «Quién es quién» en este escenario incluye a mandos policiacos estatales que habrían puenteado a la SEDENA y a la Cancillería para dar paso a una agenda de intereses personales y agencias foráneas como lo exhibió Código Magenta.
Apelar a las «luchas democráticas» para justificar un vacío legal en materia de seguridad nacional resulta, cuando menos, audaz pues la democracia se fundamenta en el respeto irrestricto a la ley, y en este caso la Ley de Seguridad Nacional es clara: la relación con agencias de inteligencia extranjeras es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal.
Mientras la gobernadora intenta que la opinión pública mire hacia Sinaloa, los citatorios federales siguen llegando a las oficinas de sus colaboradores más cercanos, por lo que la estrategia de victimización puede funcionar en el mitin político y hasta mediático, pero en los tribunales federales, el «atole con el dedo» no es una prueba de descargo.
Los hechos, como bien dice la gobernadora, están ahí; y son esos mismos hechos los que hoy la tienen rindiendo cuentas ante la historia, la opinión pública y pronto ante la justicia federal.
