Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 7 de mayo del 2026.- En medio de la tormenta política provocada por el llamado «CIA Gate», el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, emergió como la principal línea de defensa institucional de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. En una dura crítica a la bancada de Morena, el edil blanquiazul desestimó la solicitud de licencia de la mandataria, calificándola como un acto carente de sustento jurídico y producto de un profundo «desconocimiento de la normativa» por parte de los legisladores.
Para el alcalde capitalino, la embestida de Morena no es más que un ejercicio de retórica sin anclaje en la realidad constitucional. «No hay razón jurídica», sentenció Bonilla Mendoza, quien acusó a los diputados de ignorar las leyes que ellos mismos redactan. Al definir la permanencia en el cargo como una «decisión personalísima» de la gobernadora, expresions con las cuales el edil busca blindar la figura de Campos Galván frente a lo que considera presiones externas orquestadas para desestabilizar la administración estatal.
Bonilla Mendoza instó a los detractores de la gobernadora a realizar un análisis técnico de la Constitución y de la Ley Nacional de Seguridad Pública antes de lanzar acusaciones de «traición a la patria». Pues según su visión, el catálogo de delitos invocados por la oposición no encuentra eco en los hechos ocurridos en la Sierra, enmarcándolos más bien en una disputa de interpretaciones sobre la coordinación internacional.
El trasfondo de la defensa de Bonilla Mendoza toca una fibra sensible en el tablero político nacional: el intento de Morena de «equiparar» la crisis de Chihuahua con escándalos de violencia y presencia del crimen organizado en otras entidades gobernadas por el partido oficialista.
El alcalde sugirió que la exigencia de licencia es una táctica distractora para alejar el foco de casos donde, según él, existen evidencias sólidas de intimidación y colusión criminal denunciadas en procesos electorales anteriores. «Quieren equiparar esto con casos donde sí ha habido acusaciones con evidencia», sostuvo, posicionando a Chihuahua como un escenario de debate administrativo frente a los escenarios de criminalidad que aquejan a otras regiones del país.
Bonilla Mendoza destacó que, en la era de la inmediatez informativa, el intento de imponer una narrativa política se enfrenta a una ciudadanía con mayor acceso a datos y criterios propios. En este sentido, la defensa del alcalde no solo apunta a la legalidad, sino a la batalla por la opinión pública, confiando en que los «medios veraces y oportunos» servirán de contrapeso a las consignas partidistas en una crisis que, lejos de amainar, parece estar redefiniendo las alianzas de poder en el norte de México.
