Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 9 de mayo del 2026.- En las profundidades de la Sierra Tarahumara, el silencio ya no es sinónimo de paz, sino de miedo. «Ellos no se quieren salir… se van por la violencia», sentencia Norma Ledezma Ortega, titular de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAVE), en un intento por poner rostro y voz a un fenómeno que desangra al estado de Chihuahua: el desplazamiento forzado interno.
Lo que para el discurso oficial son cifras en una mesa de seguridad, para cientos de familias de comunidades como Atascaderos, en Guadalupe y Calvo, es la pérdida de todo lo que conocen. Desde la Navidad de 2023, el eco de las ráfagas ha sustituido a las tradiciones, obligando a los habitantes a elegir entre sus pertenencias y la vida misma.
Desde que asumió el cargo en julio de 2023, Ledezma Ortega ha sido testigo de cómo esta problemática ha dejado de ser un caso aislado para convertirse en una constante que recorre la columna vertebral del estado, desde Moris en el occidente hasta los límites del «Triángulo Dorado».
«Lamentablemente, no se ha resuelto», admite Ledezma Ortega con una franqueza que choca con el optimismo burocrático. El drama de Atascaderos es el ejemplo más reciente de una herida que comenzó a supurar en diciembre y que para enero ya se había convertido en una crisis humanitaria que obligó a una intervención de emergencia por parte de los tres niveles de gobierno.
La respuesta institucional se articula a través de una Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, coordinada por la Secretaría General de Gobierno. Se trata de un esfuerzo transversal donde participan Salud, Educación y Pueblos Indígenas, buscando ofrecer una red de seguridad a quienes lo han perdido todo. Sin embargo, el protocolo a menudo palidece ante la realidad psicológica del desplazado.
El 17 de marzo, un operativo logró el retorno de dos camiones con personas que decidieron enfrentar la incertidumbre para recuperar su hogar. No obstante, muchos otros permanecen en la capital, atrapados en un limbo emocional. «No nos amenazaron directamente», relatan las familias con un susurro que revela la eficacia del terror, «pero escuchamos los balazos».
El reportaje humanístico de esta crisis no se escribe en los escritorios, sino en los camiones de retorno y en los refugios temporales. El clamor es universal: nadie quiere abandonar su tierra, su ganado o el aire de la sierra. El desplazamiento en Chihuahua no es una elección migratoria; es una expulsión forzada por el estruendo de una guerra que, aunque no siempre lleva nombres propios en sus amenazas, es omnipresente en sus efectos.
Mientras la CEAVE continúa el acompañamiento de los que se quedan y el seguimiento de los que vuelven, la pregunta sigue en el aire de la montaña: ¿Cuándo será el silencio de nuevo un refugio y no una señal de huida?
