Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 11 de mayo del 2026.- Mientras el registro oficial de personas desaparecidas en México alcanza la cifra inédita de 133,503 víctimas, por lo que Amistía Internacional lanzó un ultimátum al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Amnistía Internacional (AI) advirtió este lunes que buscar a un familiar en México se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas del mundo, una labor que recae casi exclusivamente en los hombros de mujeres que enfrentan un sistema que no solo es ineficaz, sino que las deja vulnerables al asesinato.
En el marco de la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, la organización defensora de derechos humanos exigió que el Estado mexicano deje de resistirse y acepte la asistencia técnica y financiera de la Asamblea General de la ONU, una medida extraordinaria activada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) ante la magnitud de la crisis.
La crisis en México tiene una demografía persistente y dolorosa: el 90% de quienes buscan son mujeres. Madres, esposas y hermanas que, ante la parálisis de las fiscalías, se han visto forzadas a transformarse en peritos forenses, investigadoras de campo y defensoras de derechos humanos.
«Han asumido las labores de búsqueda recorriendo cárceles, fosas y zonas controladas por el crimen organizado», señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. El precio de suplir las omisiones del Estado es letal: desde 2011, al menos 35 buscadoras han sido asesinadas, 21 de ellas mujeres cuyo único «crimen» fue no rendirse hasta encontrar a los suyos.
El informe más reciente de AI, titulado Desaparecer otra vez, documenta que la violencia contra las buscadoras no es solo externa. El documento detalla un deterioro sistémico en la vida de estas mujeres:
- Salud en quiebra: Trastornos del sueño, ansiedad crónica y padecimientos físicos derivados del desgaste emocional y el llanto prolongado.
- Colapso económico: La pérdida de empleos y el uso de recursos propios para financiar investigaciones que el Estado ignora.
- Estigmatización social: El aislamiento de familias que son señaladas por una sociedad que prefiere la indiferencia antes que mirar de frente la tragedia de las 90 desapariciones diarias que ocurren en el país.
La remisión del caso mexicano a la Asamblea General de la ONU representa una «puerta de salida» a la crisis forense. Esta intervención no es un ataque a la soberanía, sino una oferta de apoyo técnico y financiero para fortalecer las identificaciones y las medidas de protección.
Amnistía Internacional fue enfática: el Estado debe reconocer a estas mujeres como defensoras de derechos humanos. Hacerlo activaría mecanismos de protección internacionales que hoy, en medio de amenazas y extorsiones, son la única diferencia entre la vida y la muerte para quienes solo buscan cerrar un duelo.
