Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 12 de mayo del 2026.- En lo que representa una de las escaladas jurídicas más agresivas contra un mandatario estatal en la historia reciente, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) formalizó este lunes una solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La acción, fundamentada en los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, busca no solo la inhabilitación del político sinaloense, sino llevar el caso ante instancias de justicia internacional.
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, anunció que el partido no limitará sus acciones al ámbito legislativo mexicano. Además del juicio político para asegurar que Rocha Moya no pueda reincorporarse a su cargo ni buscar protección constitucional, Acción Nacional escalará la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta estrategia sugiere que la oposición busca encuadrar la crisis de Sinaloa bajo el marco de delitos que competen a la jurisdicción internacional, elevando el costo político para la administración actual y poniendo el foco en la presunta facilitación de actividades criminales desde las estructuras del poder estatal.
La ofensiva panista incluye un tercer frente: la solicitud formal de desaparición de poderes en Sinaloa, que será presentada este miércoles ante la Comisión Permanente. Esta figura constitucional, rara vez activada en el México moderno, implicaría el reconocimiento pleno de que el tejido institucional en Sinaloa se ha desintegrado ante el dominio de las células delictivas.
«Exigimos la sanción máxima para que quede inhabilitado este y todos los servidores públicos que se coludan con el crimen, ya sea como miembros o como facilitadores», sentenció Elías Lixa, coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados.
El movimiento del PAN ocurre en un momento de alta tensión política, donde las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. han servido como catalizador para una crisis de legitimidad en Sinaloa. Al buscar la «separación definitiva» y la inhabilitación máxima, la oposición intenta establecer un estándar de responsabilidad que, de prosperar, alteraría significativamente la relación entre el Gobierno Federal y las administraciones estatales señaladas por inseguridad.
