Por: Sandra Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., a 15 de mayo del 2026.- El debate político en el Cabildo de Chihuahua alcanzó niveles de confrontación inéditos cuando la bancada de Morena respondió a las acusaciones de «narcopartido» lanzadas por la oposición. En un contraataque frontal, el regidor Hugo González desmanteló la narrativa del bloque PAN-PRI al recordar que el historial de funcionarios detenidos y bajo investigación por vínculos con el crimen organizado pertenece, predominantemente, a las filas de Acción Nacional.
Con cartel en mano, González fue implacable al señalar la incongruencia de sus críticos: «Tienen más funcionarios detenidos y prófugos que los que tienen en funciones», sentenció. El regidor citó incidentes específicos en los municipios de Camargo y Delicias, donde funcionarios de extracción panista fueron interceptados en territorio estadounidense en posesión de sustancias ilícitas.
“Si hablamos de narcogobiernos, pues me gustaría primero que empiecen por ustedes, por la casa”, retó González, dejando en claro que la estrategia de Morena ahora será «espejear» cada acusación con los antecedentes penales de quienes hoy gobiernan el estado.
A través de esta ofensiva retórica el regidor moreniasta Hugo González que buscó desplazar el foco de la crisis en Sinaloa hacia un cuestionamiento sobre la soberanía en la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
En una distinción técnica y ética entre el proceso judicial que enfrenta el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la reciente controversia por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos en la Sierra Tarahumara.
«Nosotros en Morena no estamos defendiendo a nadie», sentenció González, contrastando la disposición de Rocha Moya al separarse del cargo para enfrentar investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), frente a lo que calificó como una «opacidad sistemática» en Chihuahua. «Cosa diferente que está pasando aquí… la gobernadora no ha podido explicar siquiera cuánta droga incautaron o por qué había agentes de la CIA armados en territorio nacional».
La intervención del regidor no solo cuestionó los resultados operativos del reciente desmantelamiento de un narcolaboratorio, sino que sembró una duda sobre la cadena de mando y la lealtad institucional del gobierno estatal. Al referirse a la confirmación de la presencia de agentes estadounidenses armados, González elevó el tono hacia una acusación de colaboración histórica: «Ya no sabemos si realmente gobiernan para Chihuahua o trabajan para la CIA. Eso es lo que queremos que se explique».
Este giro narrativo posiciona a la administración de Campos Galván en una encrucijada diplomática y política. Mientras el bloque opositor (PAN-PRI) insiste en calificar a Morena como un «narcopartido», el oficialismo federal responde utilizando el nacionalismo y la transparencia como armas de contraataque.
En un despliegue de comunicación política visual, González recurrió a la historia judicial de los partidos opositores para invalidar las críticas actuales. Al mostrar un listado de exgobernadores del PRI y del PAN detenidos o prófugos, el regidor buscó desmantelar la superioridad moral de sus detractores.
«Tienen más funcionarios detenidos y prófugos que los que tienen en funciones», señaló, citando específicamente incidentes en Camargo y Delicias donde funcionarios panistas fueron interceptados con sustancias ilícitas en Estados Unidos. «Si hablamos de narcogobiernos, me gustaría primero que empiecen por la casa».
La dimisión de mandos en la Fiscalía estatal y el hermetismo sobre los protocolos de colaboración internacional han dejado un vacío que Morena está llenando con una demanda de «rendición de cuentas soberana». González concluyó su intervención asegurando que no es una consigna partidista, sino una demanda ciudadana: «La ciudadanía está exigiendo que la gobernadora dé una explicación de por qué había agentes de la CIA y desde cuándo están aquí».
