Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 15 de mayo del 2026.- En un nuevo episodio de tensión bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un desafío directo a la justicia de Estados Unidos: México no procederá a la detención con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de otros nueve mexicanos, hasta que se entreguen pruebas jurídicas sólidas. La mandataria reveló que, bajo el argumento de «falta de evidencia», Washington ha rechazado 36 solicitudes de extradición emitidas por el Gobierno de México.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió la postura de su administración de no actuar por consigna política o presiones externas. Ante las críticas por la falta de órdenes de aprehensión inmediata contra los señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la presidenta fue tajante: la opción más importante antes de extraditar es exigir el sustento legal de las acusaciones.
“¿Tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas”, sentenció la mandataria en referencia a Rocha Moya, aclarando que cualquier ciudadano mexicano, sin importar su cargo o partido, tiene derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.
La presidenta justificó la aplicación de este «criterio de reciprocidad» al informar que Estados Unidos ha negado sistemáticamente la detención de tres decenas de personas requeridas por México. Sheinbaum insistió en que su postura no busca fracturar la relación con el gobierno de Donald Trump, sino defender la dignidad de los ciudadanos y la Constitución mexicana.
“Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio… entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede”, afirmó, negando que se trate de un blindaje político para los cuadros de Morena.
Mientras Rubén Rocha Moya permanece bajo licencia y las investigaciones de la FGR continúan sin avances públicos significativos, el cruce de declaraciones entre ambos países escala. La administración federal sostiene que actuaría de la misma forma incluso si el implicado fuera un gobernador de la oposición, colocando la «soberanía judicial» como el eje central de su política exterior frente a las agencias estadounidenses.
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