Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 20 de mayo del 2026.- Bajo el argumento de combatir el lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de personas, la administración de Donald Trump firmó una orden ejecutiva que obliga a las instituciones financieras a reforzar drásticamente la revisión del estatus migratorio de sus clientes, una medida que expertos ya califican como una potencial «catástrofe» para la economía nacional.
Através de este mecanismo financiero, la administración de Donald Trump ha dado un paso que amenaza con alterar el flujo financiero que sostiene a millones de familias mexicanas.
El decreto no es solo un tema de control migratorio; es un cambio radical en la vigilancia del sistema financiero transfronterizo. Trump ha sido enfático: su administración «no tolerará» que el sistema bancario estadounidense sea utilizado por población extranjera «inadmisible o sujeta a deportación».
La orden apunta directamente al corazón de los servicios financieros básicos, exigiendo una «debida diligencia reforzada». Según el mandatario, las transferencias de bajo monto —el canal principal de las remesas familiares— han sido instrumentalizadas por cárteles para el financiamiento de actividades ilícitas, citando específicamente el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero vinculado a redes criminales.
Para México, la medida es de alto riesgo. Según Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, estamos ante un escenario donde las remesas, que representan cerca del 5% del consumo nacional y el 3.5% del PIB, podrían sufrir un desplome de entre el 10% y el 20% anual.
El cálculo es crudo: de los 11.5 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, aproximadamente el 35% carece de un estatus migratorio regular. Es este sector, precisamente, el responsable de cerca del 40% del total de las remesas que llegan al país.
«La materialización de un bloqueo de envío de remesas sería una catástrofe para la economía de muchas familias y para el crecimiento de México», advirtió Siller. Un desplome del 20% en este rubro se traduciría en una contracción del 0.7% del PIB nacional, una cifra devastadora para un país que depende de esta inyección de divisas para su estabilidad interna.
Esta política, aunque justificada por Washington bajo el prisma de la «seguridad nacional» y la lucha contra el crimen transnacional, se percibe en México como una herramienta de presión económica directa. Al condicionar el acceso a servicios financieros al estatus migratorio, Trump no solo está buscando la deportación, sino que está creando un cuello de botella que castiga el sustento de las familias en territorio mexicano.
El desafío para el gobierno mexicano es mayúsculo. La diplomacia económica se enfrenta ahora a un escenario donde la seguridad de Estados Unidos se está construyendo sobre el estrangulamiento de los flujos financieros hacia el sur.
A medida que los bancos comiencen a implementar los nuevos programas de identificación, la incertidumbre se apoderará de los migrantes, quienes podrían verse obligados a buscar canales informales y más riesgosos para enviar su dinero. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno mexicano podrá contener el impacto de una política que amenaza con erosionar uno de los pilares de su economía popular.
