Por: Sandra Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., a 20 de mayo del 2026.- Ante los crecientes rumores sobre un posible proceso legal en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván por el presunto delito de Traición a la Patria, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, salió al paso para desestimar las versiones, calificándolas de simples ataques políticos.
En una breve intervención, el funcionario estatal aseguró que, hasta el momento, no existe una notificación oficial que obligue al equipo de la mandataria estatal a preparar una defensa jurídica. De la Peña fue enfático al señalar que, desde su óptica, el escenario actual no pasa de ser un ruido mediático.
«Al día de hoy, lo que he visto es una ofensiva mediática, una ofensiva política, tratando de argumentar la posibilidad de este procedimiento», declaró De la Peña Grajeda quien subrayó que no se puede hablar de una estrategia de defensa si no existe, de manera formal, un requerimiento de las autoridades competentes.
La declaración del Secretario refleja una táctica común en el círculo cercano a la gobernadora: negar la existencia de la crisis hasta que sea imposible ignorarla. Al etiquetar las versiones como «ofensiva política», el gobierno estatal busca restar credibilidad a las voces que denuncian una posible imputación por Traición a la Patria.
Sin embargo, el tema ha ganado tracción en el debate público por lo que mientras De la Peña Grajeda insiste en esperar una notificación, especialistas en derecho señalan que, en casos de alto impacto político, el silencio o la negación suelen ser el preludio de un conflicto legal complejo.
Por ahora, la administración estatal se mantiene en una posición de «espera», evitando adelantar escenarios. Queda la incógnita de si esta postura de tranquilidad es una confianza real en que no hay sustento jurídico para las acusaciones, o si se trata de una estrategia de contención para evitar que el desgaste político afecte la agenda gubernamental.
La ciudadanía permanece atenta: el delito de Traición a la Patria, de confirmarse cualquier requerimiento, no sería un trámite menor, sino un evento que sacudiría los cimientos de la administración estatal.
