Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 24 de mayo del 2026.- La escalada política por el citatorio a la gobernadora María Eugenia Campos Galván alcanzó un nuevo nivel. El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Arturo Medina Aguirre, arremetió contra la Fiscalía General de la República (FGR), calificando sus recientes actuaciones como una muestra clara de «uso faccioso del poder» con fines electorales rumbo a 2027.
Arturo Medina Aguirre no solo defendió a la mandataria estatal, sino que puso sobre la mesa el tema de la selectividad en la justicia. El legislador priista señaló una contradicción que ha sido el talón de Aquiles de la administración federal: mientras la FGR actúa con celeridad y espectacularidad contra los opositores en Chihuahua, parece guardar silencio ante señalamientos públicos contra figuras de alto perfil vinculadas al partido en el poder, como el senador Adán Augusto López o la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
«Resulta evidente la selectividad con la que se aplica la ley. Mientras la Fiscalía busca amedrentar a opositores, guarda silencio absoluto frente a personajes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado», denunció Medina Aguirre.
Para el líder parlamentario del PRI, el citatorio no es un acto aislado, sino parte de una estrategia mayor diseñada para controlar el tablero político y eliminar cualquier contrapeso. Medina advirtió que utilizar la procuración de justicia como brazo ejecutor de una agenda partidista es una característica propia de los «regímenes autoritarios», un modelo que, a su juicio, representa un peligro inminente para la democracia y las libertades en México.
La bancada del PRI cerró filas con Campos Galván, asegurando que Chihuahua no permitirá que las instituciones federales sean utilizadas para intimidar a quienes levantan la voz. El mensaje del PRI hacia el centro del país fue contundente: la FGR debe recuperar su imparcialidad y dejar de ser un instrumento de presión política.
Con el respaldo formal del PRI, el conflicto ha dejado de ser una fricción local para convertirse en una defensa regional contra la injerencia federal. Mientras la FGR mantiene su postura, la oposición en Chihuahua ha consolidado un frente que promete hacer ruido, elevando el costo político de cualquier acción futura contra la administración estatal.
