Por: Redacción
Washington, D.C., a 8 de junio del 2026.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos ha desmentido oficialmente que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, cuenten con un parole o permiso especial de entrada a territorio estadounidense. La aclaración surge tras reportes periodísticos que sugerían que ambos mandatarios habrían sido beneficiados con este mecanismo tras la supuesta cancelación de sus visas por motivos de seguridad.
Ante una solicitud formal de información, la dependencia federal fue categórica al negar la existencia de dicho documento para los funcionarios mexicanos. El DHS precisó que el parole —descrito técnicamente como un permiso discrecional para extranjeros inadmisibles que aporta un beneficio reconocido al gobierno o a la seguridad nacional— no ha sido otorgado a los gobernadores.
La respuesta oficial, que incluyó los nombres completos de Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya para evitar ambigüedades, fue verificada a través de las tres instancias facultadas para emitir estos permisos: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La controversia se originó tras una publicación de Los Angeles Times, en la cual se citaba la posibilidad de que EE.UU. no solo hubiera retirado el visado a ambos gobernadores, sino que les hubiera facilitado un ingreso especial. Al respecto, el periodista Steve Fisher ha señalado que fuentes han observado a Villarreal ingresar por puertos fronterizos escoltado por autoridades estadounidenses, aunque aclaró que este hecho no confirma una cooperación formal en investigaciones ni reuniones específicas con dependencias de seguridad.
Hasta el momento, ni Durazo ni Villarreal han confirmado una afectación en sus documentos migratorios, e incluso han negado públicamente que sus visas hayan sido revocadas.
Sobre el estatus de las visas, el DHS remitió cualquier consulta al Departamento de Estado. Dicha instancia recordó que la revisión de antecedentes es un «proceso continuo» y que cualquier funcionario consular tiene la facultad de determinar la inadmisibilidad de un extranjero si surge información desfavorable después de que el documento haya sido emitido.
Este episodio profundiza el debate sobre la supuesta relación entre actores políticos en México y el crimen organizado, una preocupación que ha escalado bajo la actual administración estadounidense. El caso se inserta en un clima de tensión diplomática marcado por el incremento en la presión de Washington contra los cárteles mexicanos y la reciente presentación de cargos contra figuras como el exgobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el juicio en curso del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, en Nueva York.
La falta de claridad sobre la validez del visado de los gobernadores mantiene la incertidumbre sobre la situación migratoria de los mandatarios estatales, en un momento donde el escrutinio sobre la integridad de los funcionarios mexicanos desde el exterior se ha intensificado de manera inédita.
