Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 6 de junio del 2026.- En medio de una creciente tensión por la política habitacional del estado, una propuesta legislativa que buscaba frenar la subasta de bienes inmuebles estatales quedó truncada tras la salida de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) del recinto legislativo, provocando la ruptura del quórum legal.
El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, presentó ante la Diputación Permanente un exhorto para suspender la licitación COESVI/SUBASTA/002/2026-BIS, que contempla la venta de viviendas en las colonias «Pensiones Civiles del Estado» en los municipios de Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Delicias. El objetivo central de la iniciativa era transitar de un esquema de subasta comercial a uno de enajenación directa, priorizando a las familias que actualmente habitan y cuidan estos inmuebles.
La postura de la oposición en el Congreso subraya una contradicción de política pública: mientras el Gobierno Federal promueve el «Programa de Vivienda para el Bienestar» para sectores vulnerables, el Gobierno del Estado avanza con la desincorporación de estos activos bajo un proceso de subasta publicado el pasado 27 de mayo en el Periódico Oficial del Estado.
Estrada Sotelo argumentó que, bajo el artículo 46, fracción I, de la Ley de Bienes del Estado, la administración estatal cuenta con facultades para optar por la enajenación directa, un procedimiento que, al estar destinado a vivienda de interés social, no requeriría autorización legislativa, sino únicamente la venia del Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal. La propuesta cuestiona el criterio de priorizar la recaudación mediante subastas por encima del impacto social y la seguridad patrimonial de cientos de familias que enfrentan un estado de incertidumbre.
La sesión fue interrumpida abruptamente minutos después de la exposición del diputado, cuando la diputada panista Xóchitl Contreras se retiró del salón de sesiones. Al ser integrante de la Mesa Directiva, su ausencia invalidó la posibilidad de votar el punto de acuerdo, dejando el tema en un «limbo» administrativo.
Esta acción ha sido interpretada como una táctica dilatoria. Al evitar la votación, el Legislativo evitó pronunciarse sobre cuatro puntos clave que habrían obligado al Ejecutivo estatal a:
- Suspender el proceso de subasta en tanto se analiza la viabilidad social de la enajenación directa.
- Solicitar la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para investigar posibles violaciones al derecho humano a la vivienda.
- Rendir un informe jurídico detallado sobre la situación de los inmuebles.
- Acreditar la legalidad de la desincorporación y si esta requirió o no el aval previo del Congreso.
El punto de acuerdo apelaba al propio «Programa Estatal de Vivienda 2022-2027», que define el acceso a una vivienda digna como una responsabilidad de humanismo gubernamental. Al romperse el quórum, el Congreso desaprovechó la oportunidad de exigir transparencia en el manejo del patrimonio estatal, dejando a las familias afectadas sin una respuesta clara sobre si sus hogares serán subastados al mejor postor o si podrán acceder a una certeza jurídica mediante mecanismos de justicia social.
La falta de resolución no solo pospone la decisión, sino que mantiene en la indefensión a las familias de los cuatro municipios involucrados, quienes ahora aguardan que el tema sea retomado en futuras sesiones, mientras el reloj corre para el proceso de subasta emprendido por la COESVI.
