Por: Estela Melka Ben-Ami
Ciudad de México., a 26 de junio del 2026.- El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha proyectado, a través de su sistema automático PAGER, un escenario de hasta 100,000 víctimas mortales tras el doble sismo que sacudió la región central de Venezuela. Esta cifra, aunque no constituye un balance confirmado de fallecidos, ha encendido las alarmas internacionales sobre la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria en curso.
La cifra proyectada por el USGS no contabiliza víctimas en el terreno, sino que es un modelo predictivo que integra variables como la magnitud de los sismos (registrados en 7.2 y 7.5), la intensidad del movimiento telúrico, la densidad poblacional de las zonas impactadas —cercanas a Caracas y la costa norte— y la vulnerabilidad de la infraestructura urbana. La advertencia del organismo subraya la posibilidad de un desastre generalizado, dada la coincidencia de los movimientos sísmicos en áreas de alta exposición.
Existe una brecha significativa entre la proyección del USGS y los datos suministrados por las autoridades locales. Mientras el reporte oficial preliminar señala al menos 164 fallecidos, cerca de 1,000 heridos y más de 10,000 personas reportadas como desaparecidas, la incertidumbre se agudiza por la falta de información verificable desde las zonas afectadas. La experiencia en desastres de esta escala indica que las cifras oficiales suelen ser volátiles durante las primeras horas, a medida que los equipos de rescate acceden a sectores incomunicados o con estructuras colapsadas.
La gravedad de la situación se ve acentuada por la fragilidad de la infraestructura en la región y la complejidad de las labores de búsqueda y rescate. Medios internacionales han reportado el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y la suspensión de servicios de transporte, complicando la logística de asistencia.
Críticamente, la crisis se desarrolla en un entorno de alta dificultad informativa. Ante un historial de restricciones digitales, fallas de conectividad y censura mediática en el país, la capacidad de la población —incluida la diáspora en Estados Unidos— para obtener datos certeros sobre sus familiares se ve seriamente limitada. Esta opacidad incrementa el riesgo de desinformación, ante lo cual organismos especializados instan a priorizar el uso de fuentes sísmicas oficiales, medios de comunicación verificados y canales de asistencia humanitaria, evitando la propagación de rumores en un momento de alta vulnerabilidad social.
En este contexto, la comunidad internacional mantiene la expectativa sobre la gestión de la ayuda humanitaria, mientras se define el alcance real de una tragedia que, según los modelos sísmicos, podría tener dimensiones de enorme escala.
