Por: Sandra Dueñes Monárrez
Guadalupe y Calvo, Chih., a 3 de julio del 2026.- El cielo de la sierra, habitualmente silencioso, fue irrumpido por el zumbido constante y mecánico de drones, un sonido metálico que precedía a las explosiones que hacían vibrar los techos de lámina y madera de las viviendas de los habitantes del seccional de Cinco Llagas en el municipio de Guadalupe y Calvo, cuya paz fue interrumpida tras otra irrupción armada ocurrida entre entre el 29 y el 30 de junio de 2026 dejando como salgo dos civiles asesinados, decenas de heridos y 153 personas desplazadas ante el terror de ser blanco de un nuevo ataque.
La violencia fue descrita por quienes lograron escapar como una pesadilla de metal y fuego. «No podíamos salir, se oían los chillidos muy fuerte y luego los bombazos. Muchos nos metimos a la iglesia y ahí nos hicimos bola porque las bombas revientan los techos de lámina de las casas y teníamos miedo que nos alcanzaran», relató un adulto mayor, cuya voz refleja el trauma de haberlo dejado todo atrás en cuestión de horas.
Al menos 153 personas, integrantes de más de 20 familias, tuvieron que abandonar Cinco Llagas. La tragedia tiene rostro: una mujer de 39 años falleció tras sufrir una severa mutilación por un explosivo arrojado desde un dron mientras estaba en el patio de su casa, y un niño también perdió la vida a causa de los ataques.
El panorama actual en Baborigame, donde se concentran cerca de 83 desplazados, es crítico. La ayuda institucional ha sido señalada como insuficiente. Se han documentado casos alarmantes como el de un joven que, tras ser alcanzado por una bomba y sufrir fracturas en las piernas, tuvo que esperar dos días para recibir atención médica, solo para toparse con la falta de ambulancias funcionales.
Aunque las familias han buscado apoyo en instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), la respuesta ha sido lenta. Hoy, son los propios vecinos de Baborigame quienes, mediante solidaridad comunitaria, intentan cubrir las necesidades básicas de alimento, ropa y cobijo que el Estado aún no ha garantizado plenamente y este episodio no es un evento aislado, sino el síntoma de una región que no ha encontrado la paz.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Tode (Red TDT) advierte que la historia se repite: en 2024, comunidades de la misma seccional vivieron un desplazamiento masivo, al igual que los eventos registrados en Dolores y Atascaderos.
A pesar de los rondines esporádicos de las fuerzas armadas, el tejido social en Guadalupe y Calvo se desmorona ante una guerra entre grupos criminales que el Estado se ha resistido a reconocer en su real magnitud.
La falta de una estrategia interinstitucional de seguridad y protección integral mantiene a cientos de personas en el limbo, muchas de ellas huyendo a pie hacia destinos inciertos, sin información sobre su integridad física.
Ante este escenario, los organismos de derechos humanos lanzan un llamado urgente para romper el silencio institucional. La petición es clara:
- Protección inmediata: Despliegue de seguridad para las comunidades donde aún permanecen pobladores en riesgo.
- Ayuda humanitaria: Atención médica focalizada y con pertinencia cultural para los refugiados en Baborigame.
- Reconocimiento: Que el gobierno admita la crisis de desplazamiento forzado en Chihuahua como paso indispensable para diseñar políticas de retorno seguro y justicia.
«Reconocerlo es el primer paso para una atención adecuada y a la altura de las necesidades de las víctimas de esta guerra entre grupos criminales», concluye la misiva de la Red TDT, que agrupa a 88 organizaciones en todo el país. Mientras tanto, en la sierra, las familias siguen esperando que la ayuda llegue antes de que el miedo sea lo único que defina su futuro.
Fuente:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Acción Urgente 005, 3 de julio de 2026.
