Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 3 de julio del 2026.- En los pasillos del poder estatal en Sinaloa, las líneas que separan a la administración pública de las redes criminales parecen desvanecerse en la opacidad administrativa. Una investigación basada en documentos internos revela cómo Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), una constructora vinculada al Gobierno del Estado de Sinaloa, canalizó fondos públicos hacia una empresa identificada por Washington como una pieza clave en el esquema de lavado de dinero y contrabando de combustible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre el 4 y el 23 de abril de 2024, Preecasin realizó tres transferencias bancarias por un total de 678 mil 900 pesos a favor de Ahavat Logistics Solution. La naturaleza de estos pagos, clasificados internamente apenas como “pago de factura”, carece de cualquier rastro en el sistema Compranet o en el padrón oficial de proveedores del gobierno sinaloense. La falta de contratos, licitaciones o adjudicaciones públicas que respalden estas salidas de dinero plantea interrogantes urgentes sobre los controles de fiscalización en la gestión estatal.
Ahavat Logistics Solution, fundada en 2017, no es una comercializadora de petrolíferos convencional. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la empresa es un nodo financiero dentro de la red del CJNG. La compañía ha reportado direcciones domiciliarias inconsistentes —desde el Estado de México hasta Guadalajara—, compartiendo sede con Jomadi Logistics & Cargo, otra entidad señalada por las autoridades estadounidenses por su involucramiento en el contrabando de combustible a gran escala.
El denominador común es J. Refugio Ruiz Villagómez, administrador único de Ahavat y accionista de Jomadi, quien ha sido incluido en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sostiene que estas empresas no solo operaron al margen de los permisos legales, sino que facilitaron transferencias millonarias con terceros vinculados a organizaciones criminales.
Este hallazgo se produce en un momento de vulnerabilidad institucional para Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya, cuya administración autorizó los pagos desde la constructora estatal, solicitó licencia al cargo tras enfrentar acusaciones formales ante una corte federal en Nueva York. Dichos señalamientos vinculan su campaña electoral de 2021 con el respaldo directo de la facción de “Los Chapitos”, incluyendo acusaciones sobre la intervención criminal en los comicios y el pago de protección a mandos de seguridad estatales.
La revelación de estos nexos económicos entre el Estado y el engranaje del CJNG —en un periodo marcado por la alianza táctica entre dicho cártel y “Los Chapitos” para combatir a facciones rivales— subraya un patrón inquietante: la posible infiltración de recursos públicos para sostener las operaciones de grupos criminales que, a su vez, han condicionado la gobernabilidad en el estado.
A pesar de que el gobierno federal ha confirmado el financiamiento de sicarios por parte del CJNG en Sinaloa y la complejidad de estas redes de tráfico, hasta el cierre de este reportaje, la administración sinaloense no ha ofrecido una respuesta sobre los fines reales de las transferencias a Ahavat, dejando abierta la sospecha de un desvío de recursos públicos hacia la estructura del crimen organizado.
Nota: Este reportaje se basa en documentos internos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y alertas financieras emitidas por agencias del Gobierno de los Estados Unidos, así como documentación proporcionada por el Departamento de Estado del Gobierno norteamericano
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