Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 18 de julio del 2026.- El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, salió en defensa de los programas sociales del gobierno federal en Chihuahua, calificando la postura oficial del secretario General de Gobierno Santiago de la Peña como «insensible y clasista».
Lo anterior, luego de que Santiago de la Peña Grajeda criticara el impacto que han tenido los diversos programas sociales en la entidad, en ese sentido, Cuauhtémoc Estrada Sotelo presentó una serie de datos de los apoyos solo en la capital del estado, donde se tienen registrados más de 250 mil beneficiados directos dentro de los cuales el grueso del padrón incluye a 112 mil adultos mayores, 65 mil alumnos de educación básica, 32 mil estudiantes de media superior, 31 mil mujeres bajo el programa «Mujeres Bienestar» y 4 mil 520 personas con discapacidad.
El legislador puso sobre la mesa un comparativo financiero: mientras el Ayuntamiento de Chihuahua maneja un presupuesto anual de 7 mil 342 millones de pesos, la Federación inyecta cerca de 6 mil 78 millones de pesos directos a las familias de la capital. Con esto, Estrada Sotelo busca contrarrestar la narrativa de que los programas «no dejan nada a la gente».
Mientras Morena defiende los programas como «derechos constitucionales» que dignifican a las personas, la postura del Gobierno Estatal sugiere una visión crítica sobre si estas transferencias directas realmente generan desarrollo económico y movilidad social a largo plazo o si fomentan la dependencia presupuestaria.
Un punto medular en la crítica de Estrada Sotelo es la omisión del Gobierno Estatal de firmar el convenio para ampliar la pensión a personas con discapacidad mayores de 29 años. Este punto exhibe cómo la disputa política tiene un impacto directo en el acceso a derechos sociales; mientras el Estado y la Federación mantengan la falta de coordinación, los grupos vulnerables siguen siendo rehenes de la polarización.
La descalificación mutua entre el Ejecutivo Estatal y la bancada de Morena es un reflejo de una política de «bandos» donde los números se utilizan más para el golpeteo que para la evaluación técnica. Ni el Gobierno del Estado parece ofrecer un modelo alternativo sólido, ni la Federación parece dispuesta a reconocer las áreas de oportunidad o los errores en la implementación de sus programas.
Cuauhtémoc Estrada cerró su posicionamiento exigiendo una reflexión a Santiago de la Peña, al asegurar que la inversión social es una herramienta de justicia. Sin embargo, el debate subyacente es más profundo: ¿hasta qué punto los programas sociales federales son suficientes para compensar el costo de vida en una ciudad como Chihuahua?
El conflicto es claro: para el Gobierno Estatal, la política federal es insuficiente o mal dirigida; para Morena, es un pilar de justicia social que el gobierno panista se resiste a reconocer. En medio de esta lucha discursiva, las 250 mil personas beneficiarias en la capital siguen siendo el centro de un debate donde, por ahora, el acuerdo político parece estar lejos de llegar.
