Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 28 de julio del 2026.- El fenómeno del desplazamiento forzado y la violencia criminal en la Sierra Tarahumara han vuelto a colocar en el centro del debate público la responsabilidad institucional en el estado de Chihuahua, tras las declaraciones emitidas por la gobernadora María Eugenia Campos Galván quien a su regreso de un viaje a Londres, Inglaterra, la mandataria estatal atribuyó la crisis de seguridad de manera directa al Gobierno de México y a la administración federal, eludiendo su papel como primer respondiente en materia de seguridad pública y deslindándose de la situación en el municipio de Guadalupe y Calvo.
De acuerdo con la exposición de la propia gobernadora, el éxodo forzado de pobladores en dicha región serrana se detonó debido a acciones directas de la delincuencia organizada que paralizaron los servicios básicos de la zona, evidenciando los vacíos de autoridad e intervención en el territorio.
@chihuahuaminutoaminuto 🏔️ ¿Desplazamiento forzado en la sierra? El juego de culpas donde Maru Campos se lava las manos Mientras las familias de la Sierra Tarahumara siguen abandonando sus hogares huyendo del terror, la violencia y el desabastecimiento, la estrategia del gobierno estatal de Maru Campos parece centrarse en una sola dirección: atribuir toda la responsabilidad a la federación y eludir su propio rol en la crisis de seguridad. Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas han señalado reiteradamente que la administración estatal ha sido incapaz de frenar la tala ilegal, el despojo de tierras y el avance del crimen organizado en la región. Sin embargo, la respuesta desde Palacio de Gobierno ha consistido en revirar los señalamientos, culpando de manera sistemática al Gobierno Federal y a dependencias como Diconsa o la CFE por la falta de servicios e insumos básicos que precipitan el éxodo de los pueblos originarios. 🔍 Cada crisis humanitaria o episodio de desplazamiento en municipios serranos es respondido por el gabinete estatal apuntando directamente a omisiones federales, minimizando la competencia directa de las corporaciones de seguridad estatales. Colectivos y habitantes indígenas denuncian que la atención del gobierno estatal se reduce a protocolos de escritorio y ayuda humanitaria temporal, sin una estrategia de seguridad de fondo que garantice el retorno seguro a sus comunidades. El debate sobre la violencia en la sierra se ha convertido en una arena de pimpón político entre el estado y la federación, donde el dolor de las familias desplazadas queda relegado a segundo plano frente a la disputa partidista. 💬 ¿Crees que el gobierno estatal está evadiendo su responsabilidad principal con los habitantes de la sierra? ¡Te leemos en los comentarios! 👇 #Chihuahua #SierraTarahumara #DesplazamientoForzado #MaruCampos #seguridad #DerechosHumanos
♬ sonido original – Chihuahuaminutoaminuto – Chihuahuaminutoaminuto
“El último desplazamiento que hubo se originó porque el crimen organizado tronó las líneas de la luz en Guadalupe y Calvo, tronaron también el sistema tecnológico para tener el internet y pues no permitían la entrada de víveres o abasto de suministros alimenticios, empezando por la camioneta de Diconsa”, declaró Campos Galván.
Ante la falta de comunicación, suministro eléctrico y alimentación, las familias se vieron obligadas a abandonar sus comunidades bajo condiciones de terror, según reconoció la titular del Ejecutivo estatal. Sin embargo, su postura desató cuestionamientos sobre la omisión operativa de su administración al señalar que la provisión de estas condiciones y la respuesta institucional corresponden al ámbito federal y a la autodenominada Cuarta Transformación, intentando trasladar la responsabilidad que le compete al Gobierno del Estado.
La confrontación discursiva entre los niveles de gobierno contrasta con los datos duros aportados por la propia Fiscalía General del Estado (FGE). La estadística oficial de la dependencia revela un panorama crítico de inseguridad en la demarcación donde el Ejecutivo estatal ha fallado en garantizar el orden:
- En un periodo de cinco años, el municipio de Guadalupe y Calvo acumula 385 personas asesinadas, de acuerdo con los registros de la FGE.
- Del 1 de enero al 23 de julio, la fiscalía contabilizó 59 víctimas en la región, de las cuales 58 corresponden a homicidio doloso y una a feminicidio.
- Tan solo en un lapso de tres días, entre el 20 y el 22 de julio, diez personas fueron privadas de la vida. Entre las víctimas figuran un reconocido feligrés de la comunidad cristiana de Yerbitas, su padre, y tres jóvenes cuyos cuerpos sin vida fueron abandonados al interior de un vehículo de carga de la paraestatal Diconsa —hecho en el cual las autoridades descartaron que se tratara de trabajadores del Gobierno Federal—.
A pesar de la gravedad de los acontecimientos y de su obligación constitucional de garantizar la paz en el territorio chihuahuense, organizaciones civiles y sectores críticos señalan la falta de efectividad de la estrategia estatal en la región serrana. Entre los compromisos pendientes de la actual administración se encuentra la habilitación de un subcentro Centinela en el municipio, una infraestructura tecnológica prometida de manera reiterada que hasta el momento permanece sin concretarse, dejando a comunidades enteras en condiciones de vulnerabilidad frente al control de los grupos armados.
