Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 11 de agosto del 2026.- El territorio que une a Chihuahua con Durango y Sinaloa, conocido históricamente como el Triángulo Dorado, enfrenta una crisis humanitaria que no cesa. Lejos de ser una región pacificada, las comunidades serranas se han convertido en el escenario de una guerra silenciosa donde el crimen organizado disputa el control territorial, los recursos naturales —como el agua y los bosques— y las economías locales.
A partir de los hallazgos de la Misión Civil de Observación (MCO) —integrada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos que en mayo de 2026 acudieron a municipios como Parral, Delicias y Chihuahua para documentar la situación—, emerge un panorama alarmante sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) que afecta a cientos de familias que viven en medio de una guerra que no pidieron vivir.
El desplazamiento no ocurre de manera aislada; responde a una estrategia sistemática de los grupos armados para doblegar a las poblaciones rurales e indígenas en donde la escalada de violencia y terror a través de ataques focalizados, amenazas y asesinatos a liderazgos comunitarios. Ante la resistencia, los grupos criminales escalan a ataques generalizados utilizando armamento de alto calibre e incluso drones con explosivos contra la población civil.
Uno de los principales detonantes de la huida es la amenaza constante de que las y los jóvenes sean sustraídos e incorporados de manera forzada a las filas del narcotráfico. Quienes se niegan enfrentan tortura, desaparición o la muerte.
El despojo de tierras está estrechamente vinculado a intereses económicos, como la tala ilegal, la extorsión, el control de rutas y la apertura de proyectos mineros (frecuentemente operados por empresas extranjeras o cacicazgos locales) que coinciden con las zonas vaciadas por la violencia.
Durante la Misión Civil de Observación, se documentó la situación de unas 200 personas entrevistadas directamente en los centros de acogida, representando a comunidades enteras que lo perdieron todo, como ejemplo de esta violencia armada se encuentran los habitantes de Atascaderos en el municipio serrano de Guadalupe y Calvo, donde tras una serie de enfrentamientos armados y el asesinato de una adolescente de 14 años, cientos de habitantes se vieron obligados a huir hacia Hidalgo del Parral a inicios de 2026. Los retornos implementados por las autoridades estatales ocurrieron sin un análisis de riesgo real, derivando en nuevas agresiones y homicidios contra quienes volvieron.
Otra de las comunidades asoladas por la violencia es Coloradas de la Virgen quien marcada por la resistencia histórica en defensa de los bosques —liderada en su momento por defensores emblemáticos como Julián Carrillo e Isidro Baldenegro—, esta comunidad indígena rarámuri sufre un desplazamiento prolongado debido a la persecución sistemática contra sus autoridades tradicionales.
Comunidades Ódami de La Sierrita han tenido que ser reubicadas precariamente en Ciudad Delicias, estas familias enfrentan graves condiciones de hacinamiento, plagas, limitantes en salud y una educación intercultural deficiente que no respeta su lengua ni sus raíces.
Pero este fenómeno no solo ha echado sus raices en Chihuahua sino que se ha extendido hasta Tamazula en Durango y San Miguel en el estado vecino de Sinaloa donde familias enteras han tenido que cruzar hacia Chihuahua huyendo del fuego cruzado, el bloqueo de caminos y el colapso de sus economías de autoconsumo, refugiándose en condiciones de profunda vulnerabilidad urbana.
Uno de los puntos más críticos señalados en el informe es la falta de una respuesta estatal integral y coordinada, donde la omisión federal y descoordinación local agudiza la situación de las familias desplazadas por la violencia. Ya que mientras que algunos municipios como Parral han intentado gestionar apoyos humanitarios básicos, el Gobierno del Estado ha recurrido en ocasiones a presionar a las familias para realizar retornos precipitados sin garantías de seguridad. Por su parte, la Federación ha mostrado una ausencia preocupante en la atención directa de la crisis en la región.
La impunidad sistemica prevalece esto a pesar de las decenas de denuncias presentadas por el delito de Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua, las sentencias condenatorias firmes son mínimas y no se han ejecutado de manera íntegra, permitiendo que los perpetradores sigan operando con absoluta impunidad.
En lo que respecta al marco legal nos encontramos con que el artículo 206 Quater del Código Penal del Estado de Chihuahua ha sido duramente cuestionado por organizaciones sociales, ya que exige cargas probatorias sumamente complejas y contiene cláusulas excluyentes que ponen el foco en la conducta de la víctima (revictimizándola) en lugar de priorizar la protección humanitaria y el reconocimiento objetivo del desplazamiento.
El Desplazamiento Forzado Interno en la Sierra Tarahumara no es una coyuntura pasajera, sino una violación grave y continuada de los derechos humanos que destruye el tejido comunitario, la cultura y el proyecto de vida de pueblos enteros.
Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Misión Civil de Observación exigen al Estado mexicano exhortaron a los tres órdenes de Gobierno a Instalar una mesa interinstitucional permanente que involucre de manera real a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil experimentada.
Así como Reconocer oficialmente la magnitud del fenómeno mediante la creación de un registro estatal público y confiable de personas desplazadas.
Además de garantizar soluciones duraderas que pasen por la seguridad en la permanencia, el respeto a la autonomía indígena, la reparación integral del daño y el acceso efectivo a la justicia.
