Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 14 de agosto del 2026.- La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, salió a los micrófonos y redes sociales a portar la bandera de la libertad de expresión tras ser notificada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) debido a las quejas interpuestas por Morena. Lejos de asumir una autocrítica sobre campañas de descalificación como la de «Morena y Muerte es lo mismo», Álvarez Hernández advirtió que acudirán a los tribunales bajo el argumento de que se busca silenciar a la oposición y calificar a sus adversarios como un «narcopartido».
Sin embargo, el discurso de la líder panista cojea de ambos pies al caer en evidentes contradicciones y silencios cómplices frente a la libertad de prensa en Chihuahua y del gobierno de María Eugenia Campos Galván quien a lo largo de su administración ha pagado más de 3 mil 342 millones de pesos a medios para silenciar la corrupción en su administración.
Mientras Álvarez Hernández exige piso parejo y acusa vínculos oscuros entre Morena y el crimen organizado, olvida convenientemente los antecedentes de su propio partido en la región. En el año 2016, la periodista Miroslava Breach documentó y denunció valientemente la imposición de narcocandidatos en la Sierra Tarahumara tanto del PRI como del PAN.
Las investigaciones judiciales demostraron que actores vinculados al blanquiazul —incluyendo a operadores internos que filtraron grabaciones y al entonces alcalde panista de Chinipas, Hugo Shultz— participaron en la cadena de complicidades que entregó información de la periodista al Cártel de Sinaloa, derivando en su cobarde ejecución. Hoy, golpear con discursos partidistas omitiendo este historial evidencia una profunda amnesia política.
También se le ha olvidado que dentro del historial político del panismo figuran casos de alto impacto como el de Lucero Guadalupe Sánchez López, la exlegisladora local postulada por una coalición encabezada por el PAN en Sinaloa en 2013, quien posteriormente fue desaforada, destituida y encarcelada tras revelarse sus vínculos sentimentales y de negocios con el narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, terminando incluso como testigo colaborador en los juicios en Estados Unidos; un episodio de la historia reciente del blanquiazul que suele quedar fuera de los posicionamientos oficiales.
La doble moral de la dirigencia panista se desnuda por completo al contrastarla con la realidad que enfrentan los medios críticos locales. Mientras el partido en el poder estatal se rasga las vestiduras exigiendo tolerancia, aplica recetas de censura y presión contra voces independientes como la de Sergio Valles, periodista y director de Canal 28.
Valles respondió recientemente al discurso oficial sobre la libertad de prensa de la gobernadora María Eugenia Campos, destapando un esquema de control institucional que contradice el discurso oficial:
El director denunció que las notas críticas eran marcadas con un «semáforo rojo» desde el gobierno, recibiendo observaciones directas sobre qué contenidos debían o no transmitirse.
Tras negarse a seguir líneas informativas impuestas desde el Palacio de Gobierno durante 2024, la televisora social sin fines de lucro fue marginada de la contratación oficial. Ante la negativa de incluirlos bajo criterios transparentes, el medio interpuso un juicio de amparo para frenar el uso discrecional de los recursos públicos.
Sergio Valles cuestionó el cinismo de criticar el autoritarismo federal mientras en Chihuahua se presiona, excluye y asfixia económicamente a medios que publican información incómoda.
Para desarmar cualquier suspicacia económica, el medio anunció que si el Estado llega a contratarlos respetando su autonomía editorial, la totalidad de los recursos serán donados a instituciones de asistencia social en el estado.
Para Daniela Álvarez Hernández y el blanquiazul chihuahuense, la «libertad de expresión» parece ser un traje a la medida: se defiende a gritos cuando el árbitro electoral frena sus spots y ataques partidistas, pero se guarda un silencio absoluto cuando desde el poder estatal se bloquea, presiona y estrangula económicamente al periodismo social que verdaderamente incomoda al régimen local.
