Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 14 de agosto del 2026.- En una muestra de cerrazón legislativa frente al proceso electoral que se avizora en el horizonte, el bloque opositor en el Congreso del Estado de Chihuahua desechó este viernes un punto de acuerdo con el que se pretendía establecer un pacto mínimo de civilidad política, uso responsable de recursos públicos y erradicación de campañas de descalificación de cara al 2027.
La propuesta, presentada en tribuna por la diputada de Morena, Brenda Ríos Prieto, buscaba que todas las fuerzas políticas del estado suscribieran un compromiso ético para anteponer el debate de ideas y las propuestas ciudadanas por encima de la polarización estéril. Sin embargo, con un saldo de tres votos a favor, uno en contra y un bloqueo técnico en la Mesa Directiva que impidió alcanzar la votación requerida, la iniciativa fue mandada al archivo.
El exhorto legislativo cobró relevancia política luego de que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) determinara procedentes medidas cautelares en contra de la campaña implementada por el Partido Acción Nacional bajo la divisa «Muerte y Morena es lo mismo», ordenando el retiro inmediato de propaganda en espectaculares y plataformas digitales por considerarla contraria a la equidad y al debate democrático regulado.
Frente a esta resolución, la legisladora morenista argumentó desde la máxima tribuna del estado que el Poder Legislativo no buscaba asumir funciones de árbitro electoral, sino abrir una reflexión urgente sobre la congruencia en el manejo de las prerrogativas públicas.
“Mientras una familia espera que llegue el agua, un trabajador espera el camión y una colonia espera una obra, ¿de verdad lo que necesita Chihuahua es que sus políticos gasten dinero público para decirse cuánto se odian?”, sentenció Ríos Prieto durante su intervención.
La propuesta de Morena planteaba reglas claras que obligaban a todo el espectro partidista —incluyendo al oficialismo— a transparentar el uso de recursos públicos, priorizar la educación cívica y evitar estrategias fincadas en la estigmatización del adversario político.
No obstante, la negativa de la oposición a respaldar el exhorto dejó al descubierto las contradicciones del bloque conservador en el Congreso local, evidenciando una resistencia a someterse a criterios de juego limpio y debate constructivo. Para la bancada promotora, rechazar un llamado a la civilidad bajo el argumento de proteger prácticas de confrontación sistemática demuestra que la apuesta política de la derecha para el 2027 continuará anclada en el ataque faccioso en lugar de la rendición de cuentas.
“Los partidos tienen derecho a criticar, cuestionar y señalar a sus adversarios. Eso es parte de la democracia. Pero también tenemos la responsabilidad de elevar el debate y utilizar los recursos públicos con sentido democrático”, subrayó la diputada.14
