Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 17 de agosto del 2026.- El colapso parcial de una estructura en el Deportivo Salvárcar —una obra municipal valuada en 8.6 millones de pesos que aún no cuenta con su inauguración oficial— desató fuertes críticas y cuestionamientos en el Congreso del Estado hacia la administración de Ciudad Juárez.
Durante la sesión legislativa, la diputada Xóchitl Contreras reprochó que, a pesar de los recursos invertidos en la infraestructura y la promoción oficial del proyecto, las condiciones físicas del inmueble cedieron ante las condiciones climáticas, un hecho que la legisladora calificó como inaceptable para un espacio concebido para el uso comunitario.
- Inversión cuestionada: La obra representó un costo de 8.6 millones de pesos destinados a un espacio público de convivencia.
- Fallas estructurales tempranas: El colapso ocurrió antes de que el complejo fuera formalmente entregado para el uso cotidiano de la ciudadanía.
- Respuesta oficial insuficiente: La postura inicial que atribuye los daños exclusivamente a los factores climatológicos fue catalogada por los legisladores como una justificación superficial.
El punto central del reclamo giró en torno a las posibles consecuencias de que una falla de esta magnitud se hubiera registrado con el deportivo operando a su máxima capacidad, albergando a familias, niñas, niños y jóvenes deportistas.
Desde la tribuna del Congreso, se enfatizó que la ausencia de personas lesionadas no exime de responsabilidad a los constructores ni a la supervisión técnica del municipio, señalando que los daños materiales pueden subsanarse, pero la seguridad de los usuarios debe ser prioridad absoluta en cualquier proyecto de obra pública.
Este incidente pone bajo la lupa los mecanismos de supervisión, licitación y entrega de obras en los municipios del estado. Más allá de los discursos oficiales y la asignación presupuestal, el colapso del Deportivo Salvárcar expone la vulnerabilidad de la infraestructura urbana frente a fallas técnicas o materiales deficientes, evidenciando la necesidad de auditorías rigurosas que garanticen la durabilidad y seguridad de los espacios comunitarios antes de su apertura.
