Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 1 de septiembre del 2026.- A cinco años de administración estatal bajo el mandato de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, la relación entre el Ejecutivo y los colectivos de familias de personas desaparecidas enfrenta un nuevo punto de quiebre. Tras reconocer públicamente que hace poco más de un mes detectaron fallas e inoperancia en el seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), la mandataria anunció una reestructuración de la coordinación y la implementación de un programa de apoyos asistenciales enfocado en 450 núcleos familiares.
En un mensaje difundido recientemente, la titular del Ejecutivo estatal admitió que tras corroborar que no existía el trabajo esperado por parte de la Fiscalía con los colectivos de búsqueda, se optó por echar a andar a un nuevo grupo de funcionarios para entablar contacto directo.
Dicho esquema contempla la entrega de apoyos económicos directos a 450 familias, sumándose a las previas asistencias de carácter psicológico y alimentario que venía operando la administración de manera dispersa.
A pesar del anuncio gubernamental de buscar un acompañamiento más cercano, este planteamiento choca de frente con las reiteradas denuncias de los colectivos de búsqueda y organizaciones civiles.
Las agrupaciones han recriminado que la respuesta institucional se ha limitado históricamente a la asistencia de escritorio o a la simulación burocrática, careciendo de espacios genuinos de escucha horizontal y de rendición de cuentas transparente sobre los miles de casos sin resolver que continúan lacerando al estado de Chihuahua.
