Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 14 de septiembre del 2026.- La crisis de desapariciones y violencia en el país sumó un eslabón crítico tras el hallazgo de una finca en el municipio de Tecalitlán, Jalisco, utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de reclusión, resguardo y recuperación médica para personas reclutadas a la fuerza.
El operativo, encabezado por la Fiscalía del Estado en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, derivó en el rescate de nueve personas privadas de la libertad y la detención de seis presuntos custodios —cinco hombres y una mujer de entre 21 y 28 años—, quienes ya se encuentran a disposición del Ministerio Público bajo investigación por trata de personas y desaparición cometida por particulares.
Las pesquisas que condujeron al inmueble iniciaron tras la denuncia por la desaparición de un joven de 20 años, ocurrida en julio pasado en San Pedro Tlaquepaque. La víctima había informado a su familia que se dirigiría a laborar a un rancho, momento en el cual se perdió todo contacto. Los trabajos de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas permitieron trazar la ruta hasta la región sur del estado.
Al ingresar al sitio, las autoridades localizaron al joven junto a otras ocho personas de entre 16 y 43 años, originarias de diversas entidades federativas como Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y el propio Jalisco.
El perfil del inmueble expone los métodos de operación de la estructura criminal: las víctimas presentaban diversas lesiones físicas derivadas de sus actividades o cautiverio. En el sitio se aseguraron medicamentos, botas ortopédicas —dos de los rescatados utilizaban muletas—, además de cartuchos útiles calibre 5.56 x 45, equipo táctico, dosis de droga y una báscula gramera.
Al respecto, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, indicó que los indicios apuntan a que el lugar también operaba para atender a integrantes del grupo delictivo lesionados en enfrentamientos. Ante este escenario, la Fiscalía abrió una línea de investigación para indagar la posible complicidad y participación de personal médico de municipios del sur de Jalisco en la red de auxilio al crimen organizado.
