Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad Juárez, Chih., a 21 de septiembre del 2026.- En el marco de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a una tierra marcada históricamente por la resiliencia pero también por profundas heridas, un grito urgente de justicia resuena con fuerza: el caso del Crematorio Plenitud.
Más de mil 600 familias que.continúan atrapadas en una pesadilla de impunidad, indolencia institucional y un dolor que no cicatriza ante la falta de respuestas claras sobre el destino de sus seres queridos exigieron a la presidenta intervenga para garantizar la justicia a los afectados de esta tragedia humana que ha sacudido a Ciudad Juárez.
La tragedia, que involucra a ocho funerarias de la localidad, no es únicamente una crisis forense o administrativa; es, ante todo, una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos. Detrás de cada cifra hay historias de madres, hijos, hermanos y esposos que hoy enfrentan la revictimización y el silencio por parte de las dependencias del Estado de Chihuahua.
Uno de los puntos más crueles denunciados por las familias afectadas es la negativa sistemática de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, para informar a qué funerarias corresponden los 268 cuerpos que ya han sido identificados. A pesar de haber sido solicitado formalmente en múltiples ocasiones, el acceso a la verdad les ha sido negado, violentando su derecho fundamental a saber y a cerrar su duelo con dignidad.
A este muro de opacidad se suma la indignación por las explicaciones oficiales ante anomalías graves. Las familias han documentado inconsistencias alarmantes en actas de defunción que reportan supuestas inhumaciones, mientras los deudos conservan urnas con dudosas cenizas; una falta de congruencia que las autoridades del Registro Civil han justificado de manera insensible como un simple «error de dedo».
El reclamo de las familias expone una cadena de negligencias que permitieron que el horror operara a la vista de todos:
- El principal responsable prófugo: El propietario del crematorio, José Luis Arellano Cuarón, sigue libre, sin que las autoridades hayan agotado todos los recursos a su alcance —como la emisión de una recompensa pública— para lograr su captura.
- Negocios operando con normalidad: Mientras el dolor persiste para las víctimas, las ocho funerarias vinculadas a la red de irregularidades continúan ofreciendo servicios como si nada hubiera pasado.
- Omisión sanitaria: La autoridad sanitaria del estado dejó de supervisar el establecimiento desde marzo de 2022, permitiendo prácticas irregulares sin inspecciones ni sanciones oportunas, y se ha resistido a clasificar la tragedia como un problema de salud pública.
- Un horizonte macabro: A los cuerpos localizados inicialmente se suman el hallazgo reportado por las propias autoridades de 386 cuerpos y 4 esqueletos disociados, lo que eleva exponencialmente el número de víctimas indirectas que aún ignoran la verdad.
Las propuestas gubernamentales de compensación se han limitado a la devolución superficial de los costos de los servicios funerarios, ignorando por completo el daño psicológico, moral, emocional y social infligido a más de mil 600 núcleos familiares.
Asimismo, los afectados denuncian la falta de voluntad política del Congreso del Estado de Chihuahua para analizar a fondo el problema, así como el cierre de puertas de la Fiscalía Zona Norte para permitirles participar plenamente en las investigaciones.
Hoy, las familias de Ciudad Juárez no buscan compasión institucional, sino justicia real, verdad sin trabas y una reparación integral que devuelva la dignidad a quienes ya no están y paz a los que continúan sufragando la peor de las ausencias: la incertidumbre.
