Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 22 de septiembre del 2026.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una nueva medida cautelar preventiva en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y del propio partido tricolor, ordenándoles cesar el uso de calificativos como “narcopartido”, “narcorrégimen”, “narcogobierno” y expresiones similares que vinculan a Morena con el crimen organizado.
La resolución, adoptada tras las denuncias presentadas por el partido guinda, surge al considerar de manera preliminar que los señalamientos impulsados por el líder priista y su plana mayor —integrada por figuras como Emilio Suárez Licona, Rubén Moreira y Carolina Viggiano— carecen del respaldo fáctico y probatorio necesario.
Con esta determinación, la autoridad electoral ordenó a los denunciados retirar videos, spots y publicaciones replicadas en diversas plataformas digitales que mantuvieran dicha narrativa. Para ello, se fijó un plazo perentorio de seis horas, contadas a partir de las 9:00 de la mañana del día siguiente a la notificación oficial, para acreditar el cumplimiento de la medida.
El conflicto legal tiene antecedentes en denuncias interpuestas desde julio pasado, cuando la misma comisión ordenó la eliminación de material audiovisual al detectar elementos de una campaña calumniosa. Dicha decisión desató en su momento la reacción del dirigente priista, quien acusó al organismo electoral de censura y recurrió a instancias internacionales en Estados Unidos para inconformarse contra los consejeros resolutivos.
De acuerdo con las ampliaciones de las denuncias presentadas por Morena, la campaña no se limitó a acciones aisladas, sino que se consolidó como una estrategia de comunicación continuada, sistemática y deliberada basada en términos como “morenarcos” o “cártel de Morena”.
Mientras el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la guerra sucia electoral continúa en la arena política, el INE reitera la exigencia de que el debate partidista se mantenga dentro del marco de la legalidad y la comprobación de hechos, frenando la escalada de descalificaciones sin sustento entre fuerzas políticas.
