Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 11 de noviembre del 2026.- En un momento donde la seguridad fronteriza y la presión por los operativos de inteligencia extranjera acaparan la agenda bilateral, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una cumbre de trabajo de alto nivel con Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
El encuentro, programado desde finales de octubre según detalló el funcionario mexicano, sirvió para afinar los engranajes de colaboración en materia de intercambio de información militar y policial, dar seguimiento a solicitudes pendientes de extradición de objetivos prioritarios y blindar las estrategias conjuntas de rastreo financiero contra las estructuras del narcotráfico.
A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial, García Harfuch subrayó los ejes centrales de la mesa de trabajo:
“Coincidimos en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia”.
Entre las prioridades abordadas figuraron la captura de objetivos relevantes para ambos gobiernos, el combate al tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y el freno a los flujos económicos ilícitos que nutren financieramente a los cárteles de la droga.
Por su parte, la agencia estadounidense emitió un posicionamiento señalando que la conversación giró en torno a los esfuerzos conjuntos para desmantelar a organizaciones catalogadas como narcoterroristas y combatir la corrupción institucional que facilita sus operaciones. Pese al tono terso del cónclave, no se anunciaron nuevos acuerdos operativos ni se especificaron fechas para extradiciones o detenciones concretas derivadas directamente de la reunión.
Uno de los mensajes políticos más enfáticos de la cumbre provino del lado mexicano. Ante los cuestionamientos históricos sobre el alcance de las agencias estadounidenses en territorio nacional —recientemente sacudido por escándalos de infiltración en estados fronterizos—, García Harfuch recalcó que el andamiaje bilateral se sostiene bajo cuatro principios rectores: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.
“Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias”, enfatizó el secretario, marcando una línea divisoria frente a las presiones de Washington y buscando disipar suspicacias sobre operativos unilaterales.
El acercamiento con la DEA se da tras una serie de movimientos en el tablero de seguridad, destacando la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias R2 —señalado como cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y requerido por la justicia estadounidense—, operativo respaldado por inteligencia compartida con la agencia antidrogas. A esto se suman los antecedentes de traslados masivos que suman 92 objetivos extraditados hacia Estados Unidos entre febrero de 2025 y enero de 2026.
No obstante, la diplomacia de seguridad se despliega en paralelo a frentes internos altamente complejos, como la prolongada crisis de violencia e inseguridad que azota al estado de Sinaloa por las pugnas intestinas entre facciones criminales, un desafío que pone a prueba la eficacia real de los operativos conjuntos.
La cumbre entre Harfuch y Terrance Cole refleja que, a pesar de los discursos de soberanía y los límites institucionales, el intercambio de inteligencia y la presión por resultados en extradiciones siguen siendo una maquinaria obligatoria entre ambos países. El reto para el Estado mexicano radica en demostrar que la cooperación con agencias como la DEA no vulnera el control territorial ni deriva en filtraciones que comprometan la seguridad nacional.
