Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 30 de septiembre del 2026.- Tras el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la reforma electoral del estado, la gobernadora María Eugenia Campos Galván lanzó una dura embestida contra Morena y el Máximo Tribunal, asegurando que la resolución eliminó los candados más severos contra la injerencia de la delincuencia organizada en los procesos comiciales.
En un posicionamiento difundido este martes, la mandataria estatal afirmó sin ambages que la Corte le retiró al andamiaje legal de Chihuahua «lo que a Morena le estorba para financiarse con dinero ilícito y usar delincuentes en las elecciones», reviviendo el pulso político entre el Ejecutivo estatal y la bancada guinda tras la invalidación de apartados clave de la llamada «Ley Agandalle».
Campos Galván sostuvo que el Congreso local había logrado posicionar a Chihuahua como la primera entidad en cerrar el paso al crimen organizado, estableciendo causales drásticas de nulidad electoral y la pérdida de candidaturas para quienes resultaran beneficiados por la violencia, las armas o los recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, recriminó que la bancada de Morena haya votado en contra de dicha reforma en el plano local para posteriormente acudir a los tribunales federales.
«A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura. Hoy ese candidato se queda con ella… El narco puede meter dinero en una campaña, amenazar y matar candidatos, y para el que gana con esa ayuda, no hay consecuencias», sentenció la gobernadora.
La titular del Ejecutivo estatal calificó el actuar del partido guinda como una confesión implícita de sus intereses, señalando directamente que las acciones de inconstitucionalidad promovidas buscan debilitar los controles democráticos frente a la violencia criminal. Asimismo, destacó el voto particular de la ministra Yasmín Esquivel, quien respaldó la postura de la defensa estatal al considerar la gravedad de la intervención delictiva en la libertad del voto.
Si bien el discurso oficial acusa un debilitamiento en el combate a la delincuencia, conviene recordar que el Pleno de la SCJN mantuvo vigentes los apartados que prevén la nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de delincuencia sistemática con incidencia en los comicios, siempre y cuando estos sean graves y determinantes.
No obstante, la SCJN tumbó esquemas de responsabilidad objetiva que pretendían sancionar a candidatos por el simple hecho de ser «beneficiados» por terceros (violando la presunción de inocencia), así como la pérdida automática e improrrogable de registros sin permitir la individualización de la falta por parte de la autoridad electoral.
Frente al fallo adverso de los ministros en determinados puntos de la reforma, Campos Galván advirtió que su administración acatará el sentido institucional de la resolución, pero rechazó tajantemente que el estado baje la guardia frente al crimen.
«Una ley se puede tumbar en una sala de la Ciudad de México. Lo que no van a tumbar es la decisión de un pueblo que ya le plantó cara al miedo», apuntó.
Finalmente, la mandataria adelantó que buscarán los mecanismos jurídicos necesarios para reponer por la vía legislativa los vacíos que dejó la resolución de la Corte, insistiendo en que cerrarán filas con el Congreso y la ciudadanía para impedir que intereses ajenos decidan en las urnas de Chihuahua.
