Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 29 de septiembre del 2026.- Con el objetivo de erradicar la opacidad en los nombramientos y dotar de mayores herramientas a la prevención social del delito, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley Estatal de Justicia Cívica. La iniciativa, propuesta originalmente por el diputado José Alfredo Chávez Madrid (PAN), busca blindar los procesos de selección bajo los principios de transparencia, paridad de género, integridad y no discriminación.
Al respecto, la diputada Nancy Frías Frías, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, subrayó que esta modificación fortalece la imparcialidad en la designación de las personas juzgadoras cívicas y establece mecanismos obligatorios de evaluación del desempeño municipal con perspectiva de género, accesibilidad y atención a sectores vulnerables.
Uno de los ejes centrales de la reforma al Artículo 26 radica en la obligatoriedad de que los Ayuntamientos publiquen en sus portales de transparencia los perfiles de quienes resulten idóneos para ocupar el cargo de juezas y jueces cívicos, poniendo freno a las designaciones discrecionales o por compadrazgo que históricamente han marcado la administración local.
Asimismo, la modificación al Artículo 104 ordena al Consejo Estatal de Justicia Cívica la creación y administración de un sistema público de indicadores de desempeño. Este esquema obligará a evaluar de manera permanente rubros críticos como:
Acceso y equidad: Medición real del acceso ciudadano, equidad en el trato a los usuarios y cobertura en zonas rurales o con menor infraestructura institucional.
Perspectiva de género: Identificación de las desigualdades y necesidades específicas de mujeres y hombres en la resolución de faltas administrativas.
Eficiencia y tiempos: Control en el uso de recursos materiales y humanos, así como en los tiempos de resolución de conflictos vecinales.
Informes semestrales: El Consejo estará obligado a mantener la plataforma abierta para consulta ciudadana y a emitir reportes cada seis meses, además de sesionar de manera ordinaria con la misma periodicidad.
La justicia cívica, concebida como la primera línea de contención para evitar que los pleitos cotidianos o faltas administrativas escalen a delitos de mayor gravedad, busca transicionar de un esquema meramente punitivo a uno de carácter restaurativo y preventivo. Con la implementación de estos indicadores obligatorios y la fiscalización de perfiles, el Congreso pretende obligar a los municipios a rendir cuentas claras sobre cómo se imparte la justicia a ras de piso, exigiendo que la autoridad no solo sancione, sino que eduque y construya paz comunitaria.
