Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 16 de noviembre del 2026.- De los ranchos incendiados en la ruta hacia Ojinaga a las escuelas cerradas por ataques con drones en Guadalupe y Calvo, la violencia criminal despoja a las familias de su patrimonio, su territorio y el derecho a la educación en el estado de Chihuahua.

En dos extremos opuestos de la geografía chihuahuense —separados por cientos de kilómetros pero unidos por el mismo vacío institucional—, cientos de familias viven hoy el desarraigo silencioso que deja la disputa entre grupos del crimen organizado.

Mientras en el corredor desértico que conecta a la capital con Aldama, Coyame y Ojinaga el fuego consume el patrimonio ganadero construido durante generaciones, en las barrancas de Guadalupe y Calvo el estruendo de las balaceras y los explosivos lanzados desde drones ha obligado a cerrar las escuelas y vaciar comunidades enteras.

Más allá de las cifras oficiales o de los despliegues operativos intermitentes, los testimonios recogidos en ambas regiones dibujan una crisis humanitaria y económica profunda: en Chihuahua, el desplazamiento forzado no solo arranca a las personas de sus hogares, sino que les arrebata su medio de subsistencia, su identidad cultural y el futuro académico de sus hijos.

El corredor Aldama–Ojinaga: patrimonio reducido a cenizas

A escasos kilómetros de la capital del estado, el panorama para los productores ganaderos y habitantes de comunidades rurales de Aldama y Coyame es desolador. De acuerdo con denuncias de los propios pobladores, el grave deterioro de la seguridad ha provocado la suspensión de actividades productivas y el abandono forzoso de propiedades ante el temor de nuevos ataques.

El saldo material refleja la saña con la que operan las células delictivas en la zona: más de 20 ranchos han sido afectados por hechos violentos, destacando incendios provocados que han consumido viviendas, instalaciones y maquinaria agrícola y ganadera, dejando diversas propiedades prácticamente reducidas a cenizas. A las pérdidas materiales se suma el terror humano, pues trabajadores del campo han sido víctimas de agresiones directas y se han reportado casos de desaparición.

El control territorial de los grupos armados ha transformado las rutas de comunicación en zonas de alto riesgo. Los afectados señalan que hombres armados han tomado predios estratégicos para vigilar el tránsito vehicular en las carreteras que conectan a Chihuahua con Coyame y Ojinaga. Quienes se ven obligados a circular por estas vías —especialmente durante la noche— denuncian estar expuestos de forma permanente a robos de vehículos, asaltos y extorsiones.

Este clima de zozobra ya golpeó también la economía y el turismo local de Aldama, donde los habitantes reportan una caída considerable en la llegada de visitantes provenientes de la capital. Atrapados sin condiciones para trabajar ni permanecer en sus tierras, algunos ganaderos han intentado rematar sus ranchos muy por debajo de su valor comercial; sin embargo, la inseguridad ha ahuyentado el mercado al punto de que prácticamente no existen compradores interesados.

Guadalupe y Calvo: el éxodo que apaga las aulas y borra la lengua

Si en el noreste del estado la violencia destruye el sustento del campo, en la Sierra Tarahumara hipoteca el porvenir de toda una generación. En el municipio de Guadalupe y Calvo —particularmente en localidades como Baborigame, Los Otates, Tarahumares y Atascaderos—, la disputa frontal entre dos cárteles por el control del territorio mantiene aterrorizadas a decenas de comunidades.

Las familias han quedado atrapadas en medio del fuego cruzado, amenazas constantes y ataques con explosivos lanzados mediante drones. Aunque elementos del Ejército mantienen presencia en algunas localidades, los pobladores advierten que el resguardo resulta insuficiente para contener el éxodo imparable de quienes huyen únicamente para ponerse a salvo.

En este municipio, donde se contabilizan más de 12 mil alumnos de educación básica, las aulas se han convertido en víctimas colaterales de la guerra. Cuando estallan los enfrentamientos, las clases se suspenden de inmediato. Las autoridades educativas intentan trasladar la enseñanza a distancia mediante mensajes de WhatsApp, una medida que choca con la realidad serrana: en la mayoría de estas comunidades ni siquiera existe señal de telefonía o internet, lo que en la práctica significa el cierre total de los planteles.

Para las niñas y niños que logran escapar junto a sus familias hacia la cabecera municipal o hacia otras ciudades, el calvario educativo apenas comienza:

  • Barreras burocráticas y rezago: Al llegar a mitad del ciclo escolar, muchos menores enfrentan obstáculos administrativos para ser inscritos, arrastrando un severo atraso académico.
  • Discriminación cultural: En los planteles receptores, los menores desplazados sufren discriminación e incluso reciben la exigencia de no hablar su lengua materna dentro de la escuela.
  • Precariedad estructural: Todo ello se monta sobre un abandono histórico en la infraestructura educativa de la sierra, marcada por escuelas sin agua potable, sin drenaje, sin pupitres suficientes y con docentes que no logran trasladarse a sus centros de trabajo debido a las distancias y la falta de garantías de seguridad.

La simultaneidad de ambas crisis —en las puertas de la capital y en lo profundo de la sierra— exhibe una falla estructural en la estrategia de pacificación y atención a víctimas. No basta con anuncios de patrullajes reactivos cuando los productores pierden el trabajo de toda su vida sin acceso a reparación del daño, ni cuando miles de estudiantes ven interrumpida su infancia entre balaceras y discriminación.

Como advierten los propios habitantes de la sierra, cuando una comunidad es obligada a desplazarse, la pérdida trasciende las paredes de una vivienda: se pierde la escuela, se silencia la lengua materna y se fractura el futuro de la niñez chihuahuense.