Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 1 de octubre del 2026.- La transición acelerada del aparato gubernamental hacia plataformas digitales y trámites en línea ha comenzado a generar focos de exclusión en sectores vulnerables. Ante este escenario, la diputada Herminia Gómez Carrasco presentó una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para obligar a las dependencias públicas a garantizar la atención presencial, preferente y guiada a personas adultas mayores.
La propuesta busca adiccionar la fracción X al artículo 5 de la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua, con el objetivo explícito de prohibir que las autoridades estatales y municipales condicionen el acceso a servicios públicos, trámites administrativos o apoyos sociales al uso exclusivo de herramientas tecnológicas.
«La tecnología debe facilitar los servicios, no convertirse en una barrera para nuestros adultos mayores», argumentó la legisladora durante la exposición de motivos.
Si bien la digitalización de los trámites gubernamentales se ha promovido bajo el discurso de la eficiencia, la transparencia y la reducción de tiempos de espera, en la práctica ha expuesto la marcada brecha digital que enfrenta la población del adulto mayor en la entidad.
Entre los factores críticos que respaldan la necesidad de un marco regulatorio destacan que un porcentaje significativo de adultos mayores no cuenta con dispositivos inteligentes, conectividad a internet de alta velocidad o el entrenamiento técnico necesario para gestionar firmas electrónicas, portales web complejos o citas en línea.
La exigencia de trámites estrictamente virtuales obliga a este grupo poblacional a recurrir a familiares o gestores externos, lo que compromete la privacidad de sus datos personales y incrementa su vulnerabilidad ante posibles fraudes o despojos de apoyos sociales.
La sustitución del personal de atención por sistemas automatizados ha generado cuellos de botella e ineficiencias en áreas clave como el cobro de pensiones, registros de salud y trámites patrimoniales.
De ser aprobada en comisiones y posteriormente en el pleno, la iniciativa obligará a las instituciones públicas del Estado a reestructurar sus módulos de atención al cliente y reasignar personal capacitado para el acompañamiento presencial.
El debate legislativo deberá ponderar no solo el derecho al trato digno y la accesibilidad de las personas mayores, sino también los ajustes presupuestales e infraestructura física que las dependencias requerirán para sostener un modelo de atención híbrido en un entorno estatal que empuja hacia la automatización.
