Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 8 de octubre del 2026.- Una serie de señalamientos públicos realizados por la diputada local Jael Argüelles Díaz puso bajo el escrutinio público la gestión de recursos urbanos y asignaciones de obra pública tanto en el Municipio de Chihuahua como en el Gobierno del Estado, acusando un patrón de privatización del patrimonio público e interés empresarial en favor de actores políticos ligados al PAN y al PRI.
En primera instancia, la legisladora criticó severamente la reciente desincorporación y venta de una calle pública autorizada por el Ayuntamiento encabezado por el alcalde Marco Bonilla junto con la fracción edilicia del PAN. Según la denuncia, la vialidad pasó a manos de un empresario identificado con el financiamiento de campañas electorales de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
Argüelles Díaz cuestionó la justificación operativa del Municipio, señalando que la venta de vialidades no debe suplir la responsabilidad institucional del mantenimiento urbano.
Como parte de un contexto de presuntas irregularidades sistemáticas, la diputada refirió el caso de un exdiputado local y empresario panista —recientemente sentenciado por la justicia— que en su momento obtuvo un contrato de 155 millones de pesos por parte de la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván para la construcción del Hospital de Ginecobstetricia en Parral. Dicha infraestructura médica, subrayó Argüelles Díaz, permanece inconclusa.
De acuerdo con lo expuesto, la administración municipal de Marco Bonilla Mendoza también habría adjudicado a dicho perfil contratos adicionales por 7.6 millones de pesos, además del otorgamiento de licencias de construcción para desarrollos verticales.
Asimismo, la representación legislativa acusó la ejecución de una estrategia inmobiliaria a nivel estatal que derivó en el desalojo o despojo de 167 familias de sus viviendas. Argüelles Díaz afirmó que las propiedades fueron posteriormente rematadas por el Estado a un costo promedio de 269 mil pesos por unidad a desarrolladores privados, quienes actualmente las ofertan en el mercado comercial hasta en cuatro veces su valor de adquisición.
Aunque reconoció la relevancia del trabajo conjunto entre la iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno para el impulso económico local, la congresista enfatizó que esta cooperación no debe traducirse en la conformación de esquemas de especulación inmobiliaria ni en el detrimento de los bienes públicos. Concluyó con un llamado a frenar la mercantilización de los recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía.
