Por Redacción
Chihuahua, Chih., a 7 de octubre del 2026.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado celebró la tercera sesión de la Mesa Técnica de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, un espacio de trabajo orientado a armonizar el marco legal local con los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El encuentro, encabezado por la diputada Herminia Gómez Carrasco, se centró en la revisión de propuestas legislativas para dar un paso sustancial hacia el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de este sector de la población, transitando de esquemas sustitutivos de decisión —como la tutela tradicional— a modelos de apoyo y salvaguardias centrados en la autonomía personal.
La jornada legislativa reunió a representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), así como a organizaciones de la sociedad civil y a personas con discapacidad.
La inclusión de actores clave y especialistas busca dar cumplimiento al principio de consulta previa, libre e informada que exigen los tratados internacionales. Entre los ejes prioritarios del análisis destacan:
Sustitución vs. Autonomía: Adecuación de los códigos civiles y procesales para garantizar el respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad.
Mecanismos de apoyo: Diseño de figuras jurídicas institucionales que faciliten la toma de decisiones sin anular los derechos del individuo.
Salvaguardias eficaces: Establecimiento de medidas que prevengan abusos e influencias indebidas en el ejercicio de los derechos patrimoniales y civiles.
Aunque la realización de esta tercera mesa técnica representa un avance formal en la agenda de inclusión, el verdadero reto del Poder Legislativo radica en evitar que el proceso se quede en un mero ejercicio protocolario.
Para concretar una verdadera transformación estructural, el Congreso local deberá traducir las aportaciones recibidas en un dictamen vinculante que logre el consenso de los grupos parlamentarios. El desafío inmediato será adecuar no solo las leyes vigentes, sino asegurar la suficiencia presupuestal e institucional en el Poder Judicial y las dependencias estatales para que el reconocimiento a la capacidad jurídica sea aplicable en la práctica cotidiana y no permanezca únicamente en el papel.
