Por. Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 17 de octubre del 2026.- Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la República, confirmó la ejecución de una orden de aprehensión federal contra el exfiscal de Chihuahua por permitir la intervención irregular de agentes extranjeros en territorio nacional. La investigación apunta a un ataque directo al pacto federal debido a que César Jáuregui Moreno habría coordinado un operativo sin atribuciones, ocultado información a la Federación y colaborado con personal de la CIA sin autorización constitucional.
En un mensaje oficial, Godoy Ramos confirmó que la orden de aprehensión federal del exfiscal General del Estado fue respaldada por un juez federal tras más de cien actos de investigación de gabinete y campo, introduce formalmente la acusación por el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
El trasfondo de esta imputación federal se remonta al polémico operativo realizado entre el 17 y 19 de abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, donde posteriormente se aseguró un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Sin embargo, para la FGR el centro de la indagatoria no es el decomiso del narcolaboratorio, sino la grave vulneración a la soberanía nacional perpetrada desde la cúspide de la procuración de justicia estatal.
Durante su mensaje, la titular de la FGR desglosó los ejes que sostienen la causa penal federal en contra del exfuncionario siendo la primera de ellas la invasión de facultades y presencia extranjera injustificada ya que al descender de la sierra tras el operativo, un accidente vehicular costó la vida a dos servidores públicos de la fiscalía chihuahuense y a dos ciudadanos estadounidenses.
La investigación federal determinó que la participación de estos extranjeros —quienes habían ingresado en múltiples ocasiones y sin causa justificada a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)— carecía de todo sustento legal, al tratarse de áreas de seguridad nacional exclusivas de la Federación.
La FGR estableció que la fiscalía local carecía de atribuciones constitucionales para realizar dichas acciones y omitió abrir una carpeta de investigación previa, pese a que el propio César «N» alardeó públicamente que el operativo era fruto de meses de planeación entre la AEI y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas. La Ley de Seguridad Nacional prohíbe expresamente a las entidades federativas asumir facultades reservadas al Estado mexicano o transferir potestades públicas a agencias extranjeras.
Según la indagatoria, el exfiscal omitió informar oportunamente a las autoridades federales sobre la participación de agentes extranjeros. En cambio, optó por alertarlas de manera precipitada e indebida solo después de los hechos, configurando un evidente atentado contra el pacto federal y la división de poderes.
Cabe destacar que, de manera simultánea, la fiscal estatal cumplimentó una segunda orden de aprehensión por delitos del fuero local, en un escenario donde ambos niveles de gobierno —la FGR y la FGE— convergen en la persecución penal del exfuncionario.
La intervención de la Fiscalía General de la República marca un hito crítico en el caso. Mientras que en el ámbito estatal el proceso se concentra en delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad de declaraciones, la jugada de la FGR eleva el debate a la máxima categoría de seguridad nacional: la traición a la patria.
En este sentido, Ernestina Godoy Ramos desarma los argumentos de defensa política que intentaban minimizar el escándalo como un mero diferendo administrativo o de «fuego amigo» electoral, pues al acreditarse la intromisión no autorizada de agentes extranjeros en operativos de seguridad en la Sierra Tarahumara —en clara alusión a la injerencia de agentes norteamericanos en territorio nacional que salió a la luz tras el «CIA Gate»—, el caso deja de ser una disputa exclusiva de la grilla panista rumbo a 2027 para convertirse en una investigación sobre el uso faccioso e ilegal de las instituciones locales frente a la soberanía de la nación.
Con el exfiscal a disposición tanto de la justicia federal como de los tribunales del fuero común, el proceso de César Jáuregui Moreno se perfila como uno de los juicios políticos y penales más severos en la historia reciente de Chihuahua, bajo la premisa sentenciada por la FGR: «Donde haya impunidad habrá investigación. Y donde haya crimen, habrá consecuencias».
