Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 22 de octubre del 2026.- Bajo la premisa de sanear las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y frenar supuestas irregularidades, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó la decisión de restringir la Modalidad 40 (Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio), argumentando la detección de esquemas fraudulentos orientados a la obtención de pensiones elevadas.
Sin embargo, el anuncio oficial —vertido durante la Conferencia Mañanera— dejó más dudas que certezas al no ofrecer datos técnicos, montos auditados ni un desglose específico sobre las carpetas de investigación o los mecanismos precisos de la presunta red de corrupción, limitándose a señalar que el impacto económico representa «cientos de miles de millones».
De acuerdo con la mandataria, la decisión de intervenir este esquema de cotización voluntaria responde a un análisis interno realizado por el Gobierno Federal para evitar que trabajadores accedan a un monto de retiro que, según la postura oficial, «no les correspondía».
«Lo que encontramos fueron fraudes relacionados con las pensiones, las pensiones altas, por eso se decidió regular la Modalidad 40, que es a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos», aseveró la titular del Ejecutivo.
Sheinbaum sostuvo que la regulación busca garantizar que existan recursos suficientes para las «pensiones reales», justificando el cierre de la brecha de aportaciones para sostener la viabilidad financiera del sistema.
A pesar de la gravedad del señaIamiento —que involucra presuntas pérdidas multimillonarias para la hacienda pública—, el Ejecutivo omitió dar a conocer:
- Monto exacto del quebranto: No se precisó la cantidad ni el porcentaje del fondo que habría sido vulnerado.
- Redes de complicidad: No se aclaró si los «esquemas fraudulentos» involucran a despachos de coyotaje, gestores externos o a personal operativo dentro del propio IMSS.
- Afectación a cotizantes legítimos: Se dejó en la incertidumbre a miles de trabajadores que, bajo el amparo de la ley vigente, han realizado aportaciones voluntarias de sus propios ahorros para aspirar a una pensión digna.
La promesa oficial se redujo a posponer los detalles sobre las inconsistencias para una presentación posterior en el informe matutino.
Especialistas en seguridad social y finanzas públicas advierten que la Modalidad 40 fue concebida legalmente para permitir que trabajadores independientes o dados de baja del régimen obligatorio incrementaran su promedio salarial de cotización en sus últimos cinco años de vida laboral.
Al encuadrar el uso de esta herramienta legal bajo la narrativa generalizada de «fraude», el Gobierno Federal abre la puerta a un tijeretazo presupuestal embozado, impactando la expectativa de retiro de una generación de cotizantes bajo la Ley del 73, mientras la autoridad evade presentar los peritajes financieros que respalden la medida.
El freno a la Modalidad 40 marca un giro drástico en la política de retiro del país, donde la promesa de salvaguardar el erario vuelve a apoyarse en acusaciones generales de corrupción, dejando el costo de la incertidumbre jurídica del lado de la clase trabajadora.
