Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 22 de octubre del 2026.- La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, lanzó una severa crítica contra la administración de María Eugenia Campos Galván al cuestionar la legalidad de los recientes nombramientos en la Fiscalía General del Estado (FGE), advirtiendo que las designaciones podrían constituir delitos por omisión de requisitos constitucionales.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante el poder legislativo, la legisladora exigió al Ejecutivo estatal apegarse estrictamente al marco legal en la conformación de su gabinete de seguridad y pidió la intervención directa de la Fiscalía Anticorrupción para deslindar responsabilidades penales.
El reclamo de la bancada guinda se centra en dos de las posiciones más estratégicas para el control de la seguridad en el estado:
- Gilberto Loya, señalado como encargado del despacho de la FGE.
- Daniel Abraham Terrazas, designado como fiscal de Distrito de la Zona Centro.
De acuerdo con Argüelles Díaz, ambas designaciones cojean de sustento jurídico al exponerse serias dudas sobre el cumplimiento de la antigüedad y los requisitos profesionales exigidos por la legislación vigente para ocupar dichos cargos.
“Las deudas partidistas no pueden estar por encima de la ley, ni la lealtad política puede sustituir la capacidad profesional”, sentenció la diputada, al recriminar que los espacios dedicados a la procuración de justicia se utilicen para pagar favores políticos o premiar lealtades personales.
Más allá de la disputa por los perfiles, el posicionamiento de la legisladora puso sobre la mesa los frágiles indicadores que arrastra el sistema de procuración de justicia en Chihuahua durante el año 2025.
Entre las cifras expuestas durante su intervención destacan:
- 73 mil 762 carpetas de investigación registradas durante 2025.
- Una operatividad limitada donde, según el planteamiento, apenas se inició una carpeta por el 6% de los delitos.
- Un índice de confianza ciudadana ubicado en el 60.5%.
Para la legisladora, estos datos evidencian una institución sometida a decisiones discrecionales que comprometen su credibilidad, impidiendo ofrecer resultados reales a las víctimas.
El exhorto promovido por Morena busca que el Poder Ejecutivo rectifique el rumbo institucional y someta los nombramientos al tamiz de la legalidad. Con la petición formal ante la Fiscalía Anticorrupción, el caso deja de ser una mera confrontación discursiva para abrir la puerta a una revisión de carácter penal sobre los filtros de designación en la administración estatal, poniendo a prueba la autonomía de los órganos de control frente al poder público.
