Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 27 de octubre del 2026.- A escasos meses de arrancar el proceso electoral federal 2026-2027 —en el que se disputarán 17 gubernaturas estatales, 500 diputaciones y el control del Congreso—, el Instituto Nacional Electoral (INE) sucumbió ante una severa crisis institucional tras el anuncio de renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
La funcionaria confirmó su salida mediante un comunicado oficial presentado ante la Cámara de Diputados, argumentando que su decisión prioriza la protección y misión constitucional del organismo por encima de intereses personales.
La salida de Taddei se precipitó luego de revelaciones periodísticas del diario Reforma, que documentaron la operación de una red de al menos siete proveedores del INE implicados en la simulación de competencia en adjudicaciones y presuntas operaciones de triangulación de recursos mediante la emisión de facturas por servicios e insumos fantasma.
Al respecto, la expresidenta del órgano electoral reconoció los señalamientos públicos en su contra, aunque matizó su postura al referirse a ellos como parte de filtraciones y versiones que deben ser corroboradas:
«No soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse», expresó, añadiendo que toda denuncia debe esclarecerse de forma transparente y conforme a derecho.
La presión sobre el instituto escaló a finales de semana pasada cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó el inicio de una indagatoria formal sobre el ejercicio de los recursos públicos en el organismo.
Como medida preventiva ante las indagatorias, la propia Taddei informó previamente sobre el relevo de funcionarios en áreas estratégicas del instituto con el fin de facilitar las auditorías de fiscalización sobre el manejo del presupuesto. Sin embargo, la dimisión de la titular trunca su gestión al frente del árbitro electoral, dejando al descubierto vulnerabilidades críticas en la supervisión de contratos y abriendo un flanco de incertidumbre institucional de cara a los comicios más complejos que se avecinan en el país.
